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En la construcción del complejo inmobiliario Aura Arena Blanca hay una variable que difiere del proyecto original.

La distancia de separación prevista con el desarrollo habitacional aledaño es inexistente. Este descuido destapó una serie de irregularidades en la edificación de una torre de departamentos, propiedad de Grupo Ánima, que hoy día se encuentran en preventa.

La obra nunca se interrumpió pese a la documentación de diversas violaciones a la normatividad ecológica y urbanística, acusó Eric Coufal Díaz, el abogado que lleva el caso para la parte afectada, quien incluso inició un proceso judicial en contra de las autoridades municipales de Bahía de Banderas y del gobierno de Nayarit por la presunta responsabilidad en delitos ambientales.

El litigante responde como apoderado judicial de Grupo Financiero Banorte, institución que figura como titular fiduciaria del lote uno, sección uno, del condominio Real del Mar, la propiedad que resultó con afectaciones en su estructura después de la construcción referida.

Coufal Díaz indicó que dentro de los propietarios del fideicomiso de este inmueble figura Jon Shirley, ex vicepresidente de Microsoft y socio de Bill Gates, a través de la firma Amigo Adventures.

Apuntó que el inmueble está valuado en 10 millones de dólares, aunque está inhabitable debido a que se hizo un corte al cerro colindante, que era la masa de resistencia a la solidez de la vivienda.

En entrevista, dijo que hubo la excavación y erosión de más de 25 mil metros cúbicos de tierra sin permisos ni licencia, y que desde entonces se consumaron diversos atropellos.

Semarnat fija fianza

Tras iniciar una serie de procesos judiciales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fijó una fianza por 20 millones 500 mil pesos para iniciar la suspensión de la obra, comentó Coufal Díaz. Agregó que dicha suma no fue depositada en su momento por considerar que se trataba de una cifra “desproporcionada por los posibles daños y perjuicios” que se denuncian.

El abogado apuntó que hay la sospecha de complicidad de altos funcionarios en la protección del grupo de desarrolladores. Aseguró que integrantes del propio ayuntamiento de Bahía de Banderas han justificado el respaldo de políticos hacia los dueños de Grupo Ánima, compañía que tiene presencia en Guadalajara y la ciudad de México.

Inclusive refirió que de la Secretaría de Turismo federal, como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la misma Semarnat sólo ha habido respuestas “tímidas, insuficientes y retardadas” al tema.

Comentó que esta indiferencia por parte del gobierno es muy delicada para la futura captación de inversiones extranjeras en el país, toda vez que no hay certidumbre de los capitales.

“Hay impunidad porque no han respondido a los recursos interpuestos; la procuración de justicia en Nayarit (se ejerció) con el tutelaje del gobernador de la entidad”, aseguró Coufal Díaz.

De acuerdo con información pública, el gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, se ha deslindado del asunto debido a que la entidad no tiene intervención directa en el tema.

Caso en revisión

La semana pasada diversos senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propusieron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que se solicita un informe sobre las acciones y el otorgamiento de permisos para la construcción del desarrollo Aura Arena Blanca de Bahía de Banderas, Nayarit.

Los legisladores consideraron que el fenómeno de destrucción y privatización en las playas de este lugar exige “una solución clara” acorde con el aprovechamiento racional de los recursos.

En el punto de acuerdo se exhortó a la Semarnat para que remita el estudio de impacto ambiental, así como las razones para el otorgamiento de permisos en la construcción de este desarrollo inmobiliario.

Al respecto, el abogado Coufal Díaz acusó que la Semarnat tiene una “legislación muy ecologista, pero no orientada al equilibrio ambiental, sino a la ley de la jungla, porque aquí se vale de todo”.

Por lo pronto, autoridades de Nayarit propusieron hace unos días la instalación de sesiones de trabajo para discutir el tema. “La única manera de sentarnos a dialogar es que se suspendan las obras de este ilegal desarrollo”, condicionó el apoderado judicial del caso.