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Aeroméxico, estrategia de tiempo

Aída Ulloa y Romina Román| El Universal
Miércoles 17 de octubre de 2007
La guerra entre la familia Saba y el grupo de empresarios apoyados por Banamex para adquirir las acciones de Aeroméxico obligó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a fijar una nueva fecha para decidir quién asumirá la propiedad de la aerolínea más grande de México

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La guerra entre la familia Saba y el grupo de empresarios apoyados por Banamex para adquirir las acciones de Aeroméxico obligó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a fijar una nueva fecha para decidir quién asumirá la propiedad de la aerolínea más grande de México.

Antonio Franck, abogado de la familia Saba, anunció que la propuesta —estimada en unos 213 millones de dólares— “será superior” a la que presentará el grupo de empresarios encabezados por José Luis Barraza y Banamex, la cual, aseguró que “para ellos será fatal; si no, tendrán que ampliar su plazo”.

Luego de que ayer el IPAB designara vencedora a la familia Saba y se retractara minutos después, al recibir una postura más alta por parte de Banamex, informó que hoy a las 16:00 horas anunciará al vencedor, pero si lo solicitan los participantes, ampliará el periodo de la subasta para analizar las nuevas propuestas.

Incluso, si se presentara un tercer participante, el plazo se mantendrá abierto durante 20 días.

En caso de que la familia Saba haga una contraoferta antes de las 16:00 horas, el plazo se extenderá 20 días hábiles para tomar una decisión en favor de quien haga la oferta económica más alta.

De manera paralela, y conforme a la Ley del Mercado de Valores, el consejo de administración de Aeroméxico tendrá 10 días hábiles para hacer un pronunciamiento a favor o en contra.

En medio de una guerra de propuestas y contrapropuestas, los Saba presentaron al IPAB una oferta de 174 millones de dólares que, cerca del medio día, Banamex incrementó a 206 millones de dólares.

En la actualidad el IPAB posee 46% de las acciones de la empresa; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 10%, y Nacional Financiera (Nafin) poco más de 2%, con lo que la tenencia del Estado mexicano suma 59%; el resto de los títulos está diluido en el mercado bursátil.

La lucha fue desatada desde la mañana de ayer por el Grupo Mexicana, que hizo un llamado a los accionistas del Consorcio Aeroméxico para evitar que se consumara una operación en condiciones desventajosas para ellos.

El grupo dijo a los accionistas que su oferta de compra es la más alta de todas las presentadas (es 18% mayor a la última presentada, es decir, más de 30 millones de dólares).

Recordó que, según la Ley del Mercado de Valores cualquier modificación relevante a una Oferta Pública de Adquisición (OPA), debe implicar una ampliación del plazo de la oferta, por lo menos cinco días hábiles adicionales, plazo que no se dio.

“Todo parece indicar que no se ampliarán los plazos de las ofertas, aun cuando la Comisión Bancaria y de Valores así lo hubiere solicitado a los oferentes. Esto para no dar tiempo a que se resuelva la situación jurídica de la oferta presentada por grupo Mexicana”, destacó.

Además, informó que la resolución de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) no les ha sido notificada formalmente.

En tanto, confirmó que desde el viernes promovió un recurso de consideración ante la Cofeco, “que por ley suspende la ejecución de su resolución”. En este sentido, “la resolución de la Cofeco no es cosa juzgada, ni tiene carácter de resolución firme, por lo que Grupo Mexicana hace un llamado a que no se consume una venta precipitada de Aeroméxico, que resulte en un valor menor para los accionistas”.

En este marco, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) pidió al consejo de administración de la aerolínea que al momento de elegir la propuesta del mejor postor se atienda el tema de la capitalización de la empresa y se consideren los derechos laborales de todos los trabajadores.



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