Un juzgado federal resolvió que la resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en la que declaró a Telmex con poder dominante carece de sustento probatorio.

Según la empresa esta sentencia es definitiva y la CFC ya no puede apelar en este recurso.

Sin embargo, Eduardo Pérez Motta, titular de la CFC, advirtió que evaluarán el dictamen, y que de ser necesario buscarán otras instancias legales para ratificar la dominancia de la empresa de Slim en los mercados de telecomunicaciones.

Telmex se amparó en contra de dicha resolución emitida en 1997, en la que el órgano antimonopolio declaró a esta empresa con poder dominante en cinco mercados relevantes: telefonía básica local, acceso, larga distancia nacional, transporte interurbano y larga distancia internacional.

Ayer, la telefónica informó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió el juicio de amparo en su favor, por lo que "no es una empresa dominante".

Telmex argumentó a lo largo del juicio que los mercados de telecomunicaciones en que opera se encuentran abiertos a la competencia y se trata de una industria regulada.

Según la empresa, los nuevos competidores que entraron al mercado mexicano operan en las regiones y segmentos de la población con mayor poder adquisitivo, "sin ocuparse de las áreas menos favorecidas".

Destacó que hay 21 competidores de telefonía local fija, 33 de larga distancia, 25 de conducción de datos, 79 permisionarios de telefonía pública y más de mil permisos de proveedores de servicios de valor agregado y de internet.

La demanda de amparo de Telmex en contra de la resolución de la CFC inició desde el 27 de agosto de 1998, una vez que interpuso un recurso de reconsideración ante el órgano antimonopolio, que en ese entonces estaba encabezado por Fernando Sánchez Ugarte. En 1999 Telmex obtuvo la suspensión definitiva en este juicio, sin embargo, el juzgado federal determinó en esa sentencia que esta medida cautelar dejaría de surtir efecto si las autoridades responsables determinaban establecer obligaciones específicas en bien del interés social. A este juicio se sumaron también Avantel y Alestra en calidad de terceros perjudicados.

En 2000, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidió iniciar un proceso administrativo para imponer obligaciones específicas a Telmex relacionadas con tarifas, calidad del servicio e información, en su carácter de empresa dominante. Ante esto, Telmex interpuso otro amparo, además de presentar una denuncia por la violación cometida por parte de la Cofetel a la suspensión definitiva que emitió el juzgado un año antes. Los amparos se fueron ampliando hasta que ayer el juzgado en el que originalmente se presentó el juicio resolvió en favor de Telmex.

Hacienda insiste en cobrar

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) insistió en que Telmex debe pagar al gobierno una contraprestación para ofrecer servicios de televisión.

Francisco Gil Díaz, titular de la dependencia, dijo en su comparecencia ante diputados que no existe la facultad jurídica para modificar la concesión de la empresa de Carlos Slim, pero que en caso de que se cambiara se le "debe de cobrar a Telmex y se le debe cobrar una cantidad importante".