La reconstrucción de la economía nacional requiere más que un momento o de cambios a un modelo que tiene una enorme deuda en términos de desarrollo económico. Después de treinta años es claro que la exportación de importaciones no es suficiente para que México alcance los niveles de crecimiento que requiere su sociedad.

La precarización del mercado laboral, particularmente del salario mínimo, es el mayor reflejo de los saldos negativos acumulados, una afectación que se puede extender a todas las remuneraciones y prestaciones sociales que reciben los trabajadores.

Lejos de avanzar, el poder adquisitivo de sueldos, salarios y prestaciones sociales va en retroceso, generando un círculo vicioso estructural de pobreza. Lamentablemente solventar dicha situación escapa de medidas que no sean integrales, el presupuesto público no es la solución para enfrentar las restricciones que viven los mexicanos marginados.

Encontrar una solución sustentable requiere la implementación de un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, una nueva estrategia con sólidas bases productivas, con fundamento en lo creado y hecho en México.

Mayor valor agregado, contenido nacional en las exportaciones y encadenamiento productivo son los pasos que se deben dar para generar crecimiento económico. Sin embargo no es lo único.

Tienen razón quienes señalan la urgente necesidad de incrementar el poder adquisitivo de los salarios. El problema es que también la tienen quienes indican que ello no se puede lograr por decreto, básicamente porque la mayor parte de las empresas, que son micronegocios y pequeñas unidades productivas, no tienen la capacidad financiera para hacerlo.

La formalización de la economía es necesaria, pero existen limitantes: durante treinta años se gestó una economía paralela que fue la válvula de escape a las reiteradas crisis que ha vivido el país.

Sin empresas nacionales sólidas, productivas y competitivas, es difícil generar progreso y desarrollo. La inversión extranjera no es la solución si no complementa a la inversión privada y pública nacional. No son sustitutas ni pueden avanzar por rutas separadas.

El 2014 representó el mejor ejemplo de que no se puede conducir el país en base a expectativas, aun cuando se cumplió el escenario de reformas legislativas planteado por la administración federal. Por segundo año consecutivo el crecimiento económico fue inferior al prospectado, pero más grave fue la depreciación del peso y la caída observada en el precio del petróleo.

La pérdida de valor de nuestra moneda refleja la salida de capitales, especialmente de los más especulativos y de aquellos especializados en la compra de deuda mexicana. La dependencia que el país tiene respecto a este tipo de recursos es preocupante, particularmente cuando el país no crece, ¿Cómo se pagará lo que se pidió prestado?

La contracción de los precios de petróleo anuncia un cambio todavía más fuerte, la hacienda pública deberá reformularse para el 2016, se acabó la bonanza petrolera que impidió una crisis similar a la observada durante los años ochenta:

Los dos sexenios previos contaron con enormes recursos financieros, desafortunadamente no se aplicaron de manera productiva.

Hoy, el gobierno federal deberá enfrentar la volatilidad financiera internacional y los desequilibrios nacionales al mismo tiempo que rehace su administración, se acabó el bono petrolero. La solución no será fácil, particularmente en un año electoral.

El endeudamiento de los dos años previos no facilitará las cosas, la contratación de deuda se hizo pensando que durante el 2015, gracias a las reformas estructurales, el PIB potencial crecería casi 5%, algo que no ocurrirá, nuevamente ¿Cómo se pagará?

México requiere más que momentos y expectativas, el escenario para los siguientes años precisa de nuevas estrategias, las derivadas del pensamiento económico prevaleciente hace tres décadas ya han caducado.

* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico