La reforma en materia de disciplina financiera es un paso en la dirección correcta para evitar los problemas de sobreendeudamiento y mal manejo de las finanzas de los estados y municipios mexicanos, consideró Standard & Poor's (S&P) .

La calificadora internacional mencionó que este jueves las comisiones unidas de Hacienda, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron el dictamen de la "Reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios" .

"Esta reforma es un paso en la dirección correcta que, de ser bien reglamentada e implementada, podría evitar los problemas de sobreendeudamiento y mal manejo de las finanzas que enfrentan actualmente algunos estados y municipios" , afirmó.

Asimismo, podría contribuir a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y a fomentar mejores condiciones en la contratación de deuda de los gobiernos locales, estimó la agencia en un reporte.

Destacó que la reforma introduce en particular cinco medidas positivas: eleva a nivel constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y establece que este se relacione con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los planes estatales y municipales.

Asimismo, obliga a los estados y municipios a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, donde sea posible conocer al acreedor, el monto, la tasa de interés, el plazo y el tipo de garantía o fuente de pago, lo cual incrementaría la transparencia de la totalidad de la deuda y no sólo de la deuda a largo plazo, como ocurre actualmente.

Además, establece que las legislaturas de los estados fiscalicen las acciones relacionadas con la deuda pública, así como las responsabilidades de los servidores públicos ante su manejo indebido y que se cree un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda.

Ofrece a los estados y municipios la posibilidad de contar con garantías del gobierno federal, siguiendo un programa de ordenamiento financiero, lo que permitiría a los estados obtener mejores condiciones de financiamiento, refirió.

También limita el uso de los créditos de corto plazo, los cuales deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, medida que contribuiría a evitar más casos de incumplimiento de pago, como algunos recientes que estuvieron relacionados con estos créditos en periodos de cambio de gobierno.

S&P aclaró que si bien incluir en la constitución las medidas anteriores es un avance importante para ordenar y transparentar el mercado de la deuda de estados y municipios e incentivar el manejo ordenado de sus finanzas, "si esta reforma no es correctamente reglamentada e implementada, su alcance será limitado"

A su juicio, la ley reglamentaria deberá aclarar, principalmente, los siguientes tres puntos: las mejores condiciones de mercado; los programas de ordenamiento financiero, y el destino de la deuda.

La evaluadora internacional de riesgo crediticio consideró que existen otros riesgos asociados a la implementación de la reforma y algunos asuntos pendientes.

Mencionó que uno de estos riesgos es volver de manera más lenta el proceso de aprobación del endeudamiento, y que este proceso sea sujeto de disputas políticas entre poderes, lo cual podría incentivar otras fuentes de crédito poco transparentes y no reguladas como es el financiamiento a través de proveedores.

Entre los temas no incorporados en la reforma, identificó principalmente los déficits en los sistemas de pensiones de los estados y a las obligaciones de pago derivadas de las Asociaciones Público-Privadas (APP's) , los cuales presionan crecientemente las finanzas de estados y municipios.

tcm