El día después de mañana ha llegado, es momento de realizar ajustes a la estrategia de política económica aplicada hasta hoy. Con la publicación del PIB se confirma que el país crece con un ritmo que hereda nuevos pendientes y que no resuelve los desequilibrios sociales existentes. El aumento de 1.8% del PIB permite afirmar que el ciclo productivo continúa a la baja. La información correspondiente a los sectores industrial y de servicios indica que el mercado interno se sigue debilitando, y con ello la calidad del empleo.

Adicionalmente se debe resaltar que durante marzo la economía cayó (-)0.8% en referencia al mes de febrero, lo cual indica que esta historia continuará, al menos para el segundo trimestre del año.

Evidentemente que dichos resultados no fueron los esperados por el gobierno federal, al grado que la autoridad hacendaria tuvo que reducir su pronóstico de crecimiento para todo el 2014 de 3.9% a solamente 2.7%.

El costo para el país es de 15 mil millones de dólares y 160 mil empleos formales, una mala noticia para una sociedad que durante 2013 enfrentó un estancamiento económico y un aumento en la precariedad laboral.

La estrategia de política económica aplicada no ha funcionado porque se subestimó una desaceleración industrial que ya ha contagiado al mercado interno. El aumento del gasto de gobierno no es la solución cuando el aumento de impuestos frena a la inversión el consumo privado.

Tampoco funciona pensar que los acontecimientos negativos externos justifican las deficiencias internas. Fue un argumento utilizado durante la crisis del 2009 y hoy vuelve en forma de tormentas de nieve en Estados Unidos.

La reiterada argumentación de que el problema radica en el exterior va en contrasentido de una estrategia comercial y financiera que busca captar recursos del extranjero pero que se utiliza como justificación de que el país no crece lo suficiente.

En este momento la afectación es evidente, el ciclo económico del país se encuentra por debajo de su potencial, eso significa menos empleo e inversión, sin embargo, lo que ahora corresponde es plantearse qué alternativas tiene México y qué hará el gobierno federal.

Una vía es seguir esperando que las reformas estructurales, el gasto de gobierno y el crecimiento de Estados Unidos solucionen la debilidad económica de México. Un acto de fe que podría afectar el bienestar de la población y la estabilidad social si ello no sucede. Hasta el momento las reformas laboral, hacendaria y financiera no lo han hecho, ¿podrá hacerlo la energética?

Otra alternativa es reconocer que es necesario implementar un programa contingente de reactivación económica.

Esto último abriría la posibilidad de generar un acuerdo con los sectores productivos, sindicales, financieros y en general con la sociedad para consensar un nuevo Pacto por el Crecimiento Económico de México, que en esta ocasión tenga como objetivo restablecer los motores de la actividad productiva.

En la última opción el gobierno debe reconsiderar su Reforma Hacendaria, la eficacia de su gasto y la pertinencia de facilitar la apertura de negocios en México. Pretender generar crecimiento sin la participación de la empresa privada mexicana no es funcional.

Elaborar un plan de reactivación industrial y de financiamiento a las empresas es prioritario, así como evitar que la política proteccionista de Estados Unidos y la competencia desleal de países como China sigan frenando el desempeño de la industria. Se debe potenciar la entrada de la inversión extranjera directa que realmente impulse el aparato productivo.

La recurrencia de los estancamientos y crisis constituye la Larga Marcha de la economía, una de la que no se ha logrado salir en 30 años. La coyuntura indica que es momento de aprender y generar consensos. Apostar todo a las reformas estructurales es insuficiente se requiere una política económica que atienda a los sectores y regiones de todo el país con mayor profundidad. No se debe olvidar que detrás de las cifras se encuentran las personas y su calidad de vida, la permanencia de un magro desempeño de la economía perpetúa la marginación de un grupo amplio de ciudadanos.

*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico