Los desafíos que el país enfrenta precisan de un liderazgo profundamente vinculado con su sociedad, sensible a sus necesidades, generador de acuerdos, proponente de soluciones incluyentes. Es momento de acuerdos mínimos, tiempo de la construcción de un Consenso Social y Productivo para el Progreso de México.

Se debe implementar una Agenda Mínima por México que permita elaborar las políticas públicas necesarias para garantizar la reducción efectiva de la pobreza y el aumento del crecimiento económico nacional.

No se puede aspirar a que la política fiscal sea el único motor del cambio, sus recursos son insuficientes para la magnitud que representa la pobreza por ingresos (60 millones de mexicanos) o la baja productividad en más de 3 millones de empresas.

Para que México alcance mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico se deben implementar políticas públicas integrales, que encaucen el marco institucional con el que cuenta el país.

Aplicar medidas focalizadas tiene su limitante en el origen de las mismas, así lo demuestra el combate contra la pobreza o el desafío de incrementar la productividad de México.

Durante los últimos 25 años Solidaridad se transformó en Progresa, en Oportunidades y ahora en Prospera, todos ellos bajo la misma lógica: focalizar los programas de combate a la pobreza. Ello es un error, el resultado es un aumento sistemático en el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.

La contradicción esencial es que con más de 60 millones de mexicanos en pobreza ¿Cómo se puede aspirar a resolver dicho desequilibrio con estrategias focalizadas? ¿No debería ser un plan de desarrollo económico y social que involucre a todo el esfuerzo de la administración pública?

No solo eso, se requiere un esfuerzo mayor, con alcance de largo plazo; institucional y financieramente sustentable. Evidentemente que los recursos públicos para la lucha contra la pobreza son insuficientes, el problema a resolver abarca a la mitad de México.

Para ello se requiere que el sistema productivo funcione adecuadamente en términos de generación de riqueza, creación de empresas y empleo, así como en la distribución del ingreso.

Aspirar a que la política fiscal modifique la condición estructural de pobreza es pedir demasiado a un solo instrumento de política económica, máxime cuando el gasto público tiene un efecto limitado en términos del valor agregado que genera. En el mejor de los casos se ejerce con eficiencia, más no con eficacia.

Para cambiar dicha realidad debe reconocerse que alcanzar mayores niveles de crecimiento depende no del gasto público, sino de la inversión productiva y el consumo privado.

Incrementar el bienestar social de los mexicanos pasa por mejorar el entorno en el que se desempeñan las empresas, es ahí en donde se crea empleo y se distribuye la riqueza. A diferencia del gasto público, los recursos que ejerce el sector privado llegan a todas las regiones y sectores productivos del país. La razón es muy simple, el sector privado productivo se encuentra conformado por todos los mexicanos y extranjeros que han decidido invertir en el país.

La participación de la inversión privada productiva nacional y foránea se ve en forma de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Reactivar a la economía, mejorar el bienestar y recobrar la estabilidad social requiere de la participación de las empresas.

Para coordinar los esfuerzos es necesario la generación de un Consenso Social y Productivo para el Progreso de México, un acuerdo que integre los esfuerzos público-privados, orientado hacia la creación de un sistema productivo que permita enfrentar y resolver, de manera sustentable, los actuales desequilibrios económicos y sociales.

En estos momentos el primer paso a dar es el de cohesionar a la sociedad mexicana, evitar su división. Es preciso integrar y orientar sus esfuerzos hacia la construcción de una verdadera sociedad de bienestar.

Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico