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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) afirmó que la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) actuó de manera ilegal dentro del estudio de la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa en 2011, por lo que ambas compañías quedaron libres de actuar sin ninguna de las condiciones que les había impuesto el ex ente antimonopolios por más de tres años.

Los comisionados del IFT votaron a favor de declarar ilegal las dos reiteraciones de información sobre los documentos que presentaron las compañías el 11 de abril de 2011, cuando solicitaron el permiso del ex ente antimonopolios para aprobar su fusión.

La legislación daba 35 días para resolver sobre la transacción, por lo que se debió responder a más tardar el 17 de junio de ese año; sin embargo, la extinta CFC rechazó la concentración hasta inicios de 2012, a lo que siguió un segundo proceso de reconsideración por el cual la CFC condicionó la transacción, y la terminó aprobando a mediados de ese año.

“Debe quedar esto como una lección. Las etapas y plazos en un procedimiento no deben alterarse cuando no está previsto en el procedimiento mismo, prórrogas, recordatorios, retiramientos. Si tenían un plazo para presentar información y no lo hacían, lo que procedía era declarar que se había perdido la oportunidad para presentar la información y se tendría por no presentada”, dijo la comisionada del IFT, Adriana Labardini, según la versión estenográfica de la XXXIV Sesión Extraordinaria del 9 de diciembre pasado.

La extinta CFC había aprobado la polémica transacción luego de imponer varias condiciones, y lo que iba a implicar la relación entre Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, a través de Iusacell.

Entre las condiciones se encontraba la licitación de una nueva cadena de televisión en 24 meses, la separación de la pequeña firma de televisión de paga TotalPlay e impedir que ejecutivos de alto nivel de Televisa formaran parte del Consejo de Administración de Iusacell.

Pero todo el proceso se combatió desde el inicio ante tribunales y las empresas nunca debieron preocuparse por esas condiciones.

Al final el IFT avaló las razones de los grupos empresariales, asegurando que las peticiones de la extinta CFC fueron ilegales y, por tanto, debió entenderse que la autoridad dio por aprobada la concentración sin condiciones, lo que se conoce como afirmativa ficta.

“La ejecutoria no deja lugar a dudas. Reconoce la ilegalidad en los retiramientos de requerimientos de información por parte de la CFC y obliga al IFT, ahora como autoridad sustituta, a resolver el recurso; dejarlo sin efectos y resolver sin considerar esos requerimientos, que fueron ilegales”, explicó el comisionado presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar.