Durante la última década el cuestionamiento ha sido planteado de manera recurrente, y lamentablemente la interrogante permanece sin una respuesta en la vida diaria de los mexicanos.

La respuesta de quienes confían en el modelo económico son las conocidas como “reformas estructurales”, ajustes adicionales a los cambios iniciados en la década de los años ochenta. Piensan que la apertura comercial y financiera, así como la privatización, que se realizaron durante las décadas previas deben ser complementadas con modificaciones en el mercado laboral, en el sector energético y en la hacienda pública.

La lógica detrás de las reformas estructurales es la de perpetuar un modelo que en principio debe favorecer la competencia económica, pero que en la práctica no lo ha hecho, por el contrario ha consolidado grupos de poder, no solamente en el terreno económico, aún en el político y social.

Una falla para la estabilidad del país es la inseguridad, no solamente su combate consume recursos millonarios crecientes, y distrae su aplicación al desarrollo económico y social, también mina las bases que deberían favorecer la competencia y el crecimiento. En el momento en el que los pequeños y medianos negocios deben pagar impuestos formales más los “derechos piso” al crimen organizado se golpea la capacidad de generar empresa privada, inversión y empleo, la solución a la falta de crecimiento económico y pobreza que existe en el país.

La lógica de las reformas estructurales debe enfrentar los errores cometidos en las dos décadas previas, la destrucción de cadenas productivas y el ejercicio de un gasto público que tiene escasa incidencia en el desarrollo del país. Aumentar la productividad pasa por fomentar la capacidad de las empresas para generar riqueza, y no en sacrificar las remuneraciones y prestaciones de los trabajadores, ello condujo al debilitamiento del mercado interno que hoy inhibe el crecimiento económico.

El sacrificio del mercado interno en aras de propiciar condiciones artificiales de competitividad para el sector exportador ha sido uno de los errores más grandes que se cometieron en los últimos años, no solamente por el costo económico que ello implica, también la afectación en el bienestar social debe tomarse en consideración.

El problema de fondo es que las reformas estructurales no tienen al desarrollo del mercado interno como objetivo, las modificaciones guardan la lógica de los años previos, de un modelo que no ha podido impulsar el crecimiento de México.

En este sentido iniciativas como la de incorporar a empresarios, académicos y a la sociedad civil a los consejos de programas y estrategias para elevar la productividad y abatir la pobreza es positivo, es necesario, sin embargo se debe avanzar más.

Definir un programa de mediano y largo plazo que rebase la lógica de las reformas es otro paso a realizar, así como reconocer que el modelo tiene limitantes a su funcionamiento.

Plantear como objetivo el desarrollo del mercado interno y el de elevar los niveles de bienestar social, más allá de las transferencias de programas de combate a la pobreza federales y estatales es uno adicional. La relevancia recae en que la sociedad debe alcanzar una mayor calidad de vida por los ingresos que recibe por su actividad laboral y empresarial, el gasto de gobierno no alcanza para solucionar el problema de 60 millones de mexicanos pobres, la formula se encuentra en un crecimiento económico basado en la creación empresas pequeñas y medianas, altamente productivas.

La urgencia de aplicar lo descritó se encuentra en las cifras que el Coneval publicará sobre la pobreza en México; el crecimiento de la misma entre 2006 y 2012 muestra un sexenio que canceló las oportunidades de millones de mexicanos, algo que debe revertirse.

*Dir. del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey