QUINTANA ROO.- Viáticos sin comprobar, adquisiciones y arrendamientos irregulares, retenciones no enteradas, erogaciones sin justificación o sin destino, documentación improcedente, forman parte de irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo en la gestión de Edith Mendoza, ex alcaldesa del municipio Tulum.

El desorden administrativo suma 49 millones 593 mil 806 pesos, que ya fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público, que el lunes obtuvo de un juez el auto de formal prisión de la política priísta.

En el expediente se detalla que un millón 21 mil pesos fueron observados como parte de recursos otorgados por concepto de anticipo de sueldos, gastos por comprobar, viáticos a funcionarios y empleados o préstamos que se registraron a cuentas por cobrar y que no hayan sido pagados o comprobados al cierre del ejercicio correspondiente.

Al menos 21 millones 59 mil pesos fueron reportados como ingresos, contribuciones o recaudaciones no depositadas, documentados ayer por EL UNIVERSAL, como una acción en la que el municipio cobró menos de lo que debía a 13 empresas por impuesto catastral.

En otro rubro, la Auditoría denunció ante el Ministerio Público un probable daño al erario por 10 millones 757 mil 259 pesos, por adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios contratados, relacionados con bienes inmuebles en los que no se cumplió la normatividad prevista en la ley.

Por “Erogaciones sin datos y/o documentación anexa que justifique su origen, motivo o destino”, la Auditoría contabilizó 962 mil 722 pesos de probable daño. Al menos 10 millones 839 mil 202 pesos muestran ausencia parcial o total de documentación comprobatoria.

Asimismo, 4 millones 578 mil 67 pesos fueron hallados con documentación improcedente y 91 mil 846 por concepto de pago de recargos, actualizaciones, comisiones, sanciones y accesorios de incumplimientos. La Auditoría reprocha hasta la ausencia de inventarios de bienes. Señaló que en cuanto a bienes de activo fijo, propiedad del municipio o de la entidad, no identificados, suman 284 mil 528 pesos.

“En forma física se constató que los bienes muebles no se identifican fácilmente, debido a que no tienen un número impreso con su número de inventario; que existen bienes en mal estado cuya autorización de baja no se ha tramitado; bienes que no se presentaron para su verificación y se desconoce su destino, así como la elaboración y actualización de resguardos por los bienes de activo fijo”, anotó el auditor.

Según la Auditoría, “no se otorgan prestaciones de seguridad social a los trabajadores al servicio de la administración municipal, a través de una institución constituida para ello, situación que afecta los derechos del personal y que de presentarse una demanda o regularización por éste concepto, provocará el pago de sanciones con efectos retroactivos que pondrán en riesgo la estabilidad financiera del municipio”.