estados@eluniversal.com.mx

PACHUCA.- Ahí, en lo más recóndito de la sierra, de las montañas y los cerros, hay mexicanos que con una estructura política y social, denominada “usos y costumbres”, enfrentan discriminación, maltrato y exclusión.

En Hidalgo, de acuerdo con Inegi, existe una población indígena de 546 mil pobladores de las etnias Hñähñu, Tepehua y Náhuatl. Son los hñahñus u otomíes del Valle del Mezquital quienes mantienen una conformación social y política que se basa en el bienestar comunitario y no en el individual, es por ello que esta estructura es considerada por algunos como violatoria a los derechos humanos, asevera la académica del área de Sociología de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Dalia Cortés Rivero.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Arroyo, considera que hay algunos casos graves de violación a las garantías individuales que, en las comunidades del Alto Mezquital, “son comportamientos generacionales que no se pueden llegar a destruir porque no responden a la visión de los derechos humanos occidentales”.

Debe contextualizarse el momento para determinar si hay violación a los derechos humanos, no hacerlo implica el riesgo de polarizar y estigmatizar a las comunidades indígenas, dice Cortés Rivero.

La utilización de los usos y costumbres son formas heredadas de organización social, con una mezcla moderna. “Son figuras que guardan formas prehispánicas y coloniales, que se han reproducido como sujetos de organización social y política”, destaca la investigadora.

Mujeres, las más vulnerables

Griselda Rodríguez, quien dirige la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, recalca que la estructura política de estas comunidades violan los derechos de los habitantes y sobre todo de las mujeres. “Hay una violación a los derechos de las mujeres, desde el momento en que se les impide participar en las asambleas para elegir a las autoridades locales”.

En la región del Alto Mezquital, en municipios como Ixmiquilpan, Tasquillo, Nopala, Huichapan y Chapantongo, según los reglamentos internos de las comunidades, las mujeres no pueden votar ni ser votadas para cargos comunitarios, “a las asambleas sólo entran mujeres que son madres solteras o que por alguna situación grave su pareja no acuda, pero no tienen voto en la toma de decisiones”.

Según Dalia Cortes, en la elección de las autoridades debe prevalecer la responsabilidad de la comunidad antes que el bien personal. Por ello, resalta, que ante el incumplimiento se vulneran los derechos, como es a los servicios básicos de agua o bien el derecho a la tierra.

Sin denuncias

El diputado por la región del Valle del Mezquital, Carlos Anaya de la Peña, afirma que los usos y costumbres no están por encima de la constitución y los derechos humanos. Estas formas de organización derivan en abusos, van desde el corte de agua o destierros.

Pero aún con ello, refiere, “no creo que sea grave su actuación, porque han subsistido por años, lo que es cierto es que hay cosas que deben corregirse”.

El legislador coincide con el presidente de los derechos humanos, en el sentido de que la falta de denuncias en esta región complica la atención de casos de abuso. En lo que va del año, en la CEDH apenas se tiene un registro de 10 quejas relacionadas con este tema.