PUEBLA

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) considera el “crimen por odio” entre las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de la activista transexual Agnes Torres Hernández, indicó Víctor Carrancá Bourget, titular de la dependencia.

El procurador señaló que ya cuentan con pruebas diversas, incluso de ADN, y otros elementos como las últimas llamadas telefónicas que hizo la víctima, los lugares que visitó y con quiénes se reunió, aunque admitió que la resolución del caso puede demorar varias semanas.

“No descarto absolutamente nada, cualquier línea de investigación está abierta y la estamos trabajando. Nos hace falta profundizar”, comentó.

Sobre la posibilidad de que un par de hermanos, vecinos de la comunidad de Chipilo, y con quienes Agnes salía desde hace 15 días, estuvieran involucrados, Carrancá dijo que consideran todos los escenarios.

Negó que la Procuraduría haya ocultado el crimen de la psicóloga y defensora de la comunidad transgénero, pese a que no incluyó el suceso en su reporte diario.

“No se ocultó nada. Nosotros emitimos boletines conforme avancen las investigaciones. Es política de la Procuraduría no informar hasta tener suficientes datos”, detalló.

Ayer, representantes de la comunidad LGBTTI (Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual-Transgénero e Intersexual), liderados por Brahim Zamora Salazar, sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, y el procurador Carrancá, en Casa Aguayo, sede del gobierno local.

Manzanilla aseguró que el “gobierno de Puebla condena enérgicamente la muerte de la líder y activista social Agnes Torres”. Añadió que el gobernador Rafael Moreno dio instrucciones para esclarecer el caso.

Denuncian abuso policiaco

En Hermosillo, Sonora, la organización Diverciudad, que agrupa a miembros de la comunidad gay, denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abusos de policías contra sexoservidores.

“Un nutrido grupo de integrantes de la ONG DiverCiudad A.C., en voz de su presidenta, Elsa Concepción Cornejo Vucovich, denunció excesos y abusos cometidos principalmente por autoridades de salud municipal y agentes de la Dirección de Seguridad Pública municipal y estatal, que en varias ocasiones exigen dinero para permitirles continuar en la vía pública”, refirió el presidente de la CEDH, Raúl Ramírez Ramírez.

Detalló que se integró un expediente de queja y programará una reunión urgente con el alcalde, Javier Gándara Magaña; el secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio, y el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia, Carlos Navarro Sugich, para exponer esta situación.

El ombudsman sonorense explicó que la queja específica es que policías y personal sanitario los abordan de manera prepotente y les exigen el pago de entre mil 500 y 3 mil pesos, dinero que no reportan al municipio.