“Se te hace un nudo en la garganta ver a la familia desecha, a mí me tocó informar a las viudas de los mineros muertos antes de que llegara el secretario del Trabajo (en ese momento Javier Lozano), no fue fácil pero los identificaron sus compañeros por los tatuajes con nombres de mujer, los dientes, crucifijos, porque todos los cuerpos estaban con quemaduras, carbonizados”, narra el delegado Regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), David Rangel Morales.

Se refiere a la mañana del martes 3 de mayo de este 2011, cuando la noticia de que había ocurrido una explosión —por la acumulación de gas metano— en un pocito de carbón en el municipio de Sabinas cimbró a la Región Carbonífera de Coahuila. Un total de 14 mineros quedaron atrapados y un menor de 14 años de edad, Jesús Fernando Lara Ruiz, sufrió amputación del brazo derecho.

Jesús, conocido como Chuy, quien ahora tiene 15 años, vecino del mineral de Minas de Barroterán, municipio de Múzquiz, dice que no olvidará esa mañana que le cambió la vida porque duró meses con el muñón. Apenas hace unos días que utiliza una prótesis que le fue colocada por médicos del IMSS y está en proceso de rehabilitación.

Sus planes de superación personal se vieron frustrados; dice que regresó a primero de secundaria, pero ya no pudo seguir estudiando, “me corrieron, me dijo la profesora que me había pasado de la edad, porque tenía 15 años y ya no podía estar ahí”. Mientras tanto cuenta con la pensión que le dan por parte del IMSS.

Considera que sólo puede trabajar en una tienda de empleado y “a lo mejor” después estudiará en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), aunque después del accidente aseguró que volvería a la escuela, ahora confiesa: “La verdad, a mí no me gusta estudiar”.

Demandan un pago justo

El gobierno federal a través del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) apoyó a nueve viudas para poner un negocio, panadería, una fonda, una papelería, venta de ropa y otros, pero las demás no lo aceptaron.

Varias mujeres reciben la pensión del Seguro Social que va de los 900 a los 2 mil 500 pesos mensuales, aunque media docena de ellas pelean legalmente que se les reconozca que sus esposos ganaban 500 pesos diarios porque trabajaban a destajo y sólo les quieren reconocer 100 pesos.

La cantidad menor reduce el monto de la pensión. Por cada tonelada les pagaban más de 80 pesos y las cuentas “no cuadran”, aseguran.

Norma Patricia García González, quien perdió a su esposo Víctor Hugo Silva y se quedó con cuatro hijos, de siete, 10, 14 y 17 años, dice que exigen justicia porque fue mucho lo que les prometieron los funcionarios del gobierno y ya se olvidaron de ellas.

“Nos dijeron que no nos dejarían desamparadas (el ahora ex secretario del Trabajo, Javier Lozano) al principio sí nos atendieron, pero ya no”.

Refiere que a algunas viudas les dieron 200 mil pesos de indemnización, pero es extraño que los dos abogados “que nos pusieron” insistieron mucho para que aceptáramos los 200 mil cuando sabemos que nos tocan más de 530 mil pesos.

Asegura que no quieren que los dueños de Binsa, la empresa responsable, vayan a dar a la cárcel, pero exigen que les paguen lo que les corresponde porque para las mujeres es muy duro mantener y sacar adelante a la familia.

Melchor González Vélez y su esposa Hilda Griselda Montemayor, dueño y copropietaria respectivamente del pozo siniestrado, acusados como presuntos responsables del delito de homicidio culposo, se ampararon y con la protección de la justicia federal evitaron ir a prisión, huyeron y se refugiaron varios meses a Estados Unidos.

Pero como el IMSS los demandó por defraudación fiscal debido a que evadieron el pago de cuotas obrero-patronales, el 16 de noviembre pasado, por mandamiento judicial, fueron arrestados en su residencia de Sabinas, Coahuila, por agentes federales adscritos a la delegación estatal de la PGR. Estuvieron sólo tres días en prisión, pero salieron y enfrentan ambos juicios en libertad.

Los ausentes

En estas fechas con motivo de fiesta por Navidad y la pronta llegada del Año Nuevo, se vinieron a la mente los recuerdos; decenas de familias en Sabinas y Barroterán, municipio de Múzquiz, sufren y lloran por los fallecidos, y al igual que padres y viudas, los 38 niños huérfanos que dejaron son quienes más los extrañan.

El accidente ocurrió el pasado martes 3 de mayo alrededor de las 07:00 horas en el pozo 3 de la empresa Beneficios Internacionales SA (Binsa), en el ejido Sabinas, municipio de Sabinas, que según las autoridades tenía 20 días operando, aunque esposas de algunos carboneros aseguraron que ya pasaban los tres meses de que estaba activo.

Horas después del estallido, el ahora ex secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) Javier Lozano Alarcón descartó alguna esperanza de vida para los carboneros.

“La verdad es que no tenemos expectativa de vida”, declaró.

Tanto Lozano Alarcón como el entonces gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, coordinaron los trabajos de búsqueda y recuperación de los cuerpos efectuados por hermanos, padres, tíos, compañeros y amigos de las víctimas.

Debido a la humedad y el riesgo de derrumbes por el pozo siniestrado, para poder llegar a donde estaban los cadáveres fue necesario perforar del pozo 1 al 3, mientras los familiares de los mineros permanecían en el patio del fundo en espera de noticias.

Aunque muchos sabían de antemano que eran casi nulas las posibilidades de que se hubieran salvado debido a la fuerza del estallido, mantuvieron la esperanza hasta el último momento del rescate.

Mientras que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar las causas de la explosión.

Cinco expertos en minas originarios de Chile vinieron a prestar asesoría a las autoridades mexicanas, y tras una revisión exhaustiva concluyeron que el procedimiento que se realizaba era el correcto.

Grupos de rescatistas trabajaron turnos de cuatro horas en condiciones difíciles por la humedad en el pozo para retirar toneladas y toneladas de escombro hasta recuperar los cuerpos de Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos, Isaías Valero Pérez, Julio César Reséndiz Rodríguez (28 años), Víctor Hugo Silva Santos (34 años), Néstor Manuel Carmona (23 años).

Así como Eleazar López (29 años de edad), Julio César Sifuentes Vázquez (36), Juan Carlos Escobedo Chávez (34), Santos Vallejo Ríos (35), Hermilo Pérez Mandujano (30), Rogelio Robledo Ezquivel (30), Néstor Manuel Carmona (23), Eleazar López González (29) y Juan Alberto Sifuentes Ávila (38).

Pero sólo fueron velados poco tiempo por sus familiares, alrededor de cuatro horas los primeros que sacaron y dos los últimos, como medida de prevención sanitaria.

Tenían que trabajar agachados

El pozo, que ahora está totalmente abandonado, se ubica a 60 metros de profundidad, con cuatro cañones en forma de cruz de 20 metros de longitud, aproximadamente, el espacio es muy reducido y los hombres tenían que trabajar agachados.

“Una persona no puede estar de pie porque la altura en el pozo es de entre 80 centímetros y un metro”, relata el delegado regional de la Fiscalía, Rangel Morales.

Los llamados “pocitos” son explotaciones rudimentarias donde los mineros tumban el carbón con pistolas de neumáticos.

Un obrero manipula la pistola, a veces lleva un ayudante que le llaman “palero” porque recoge el carbón con una pala y lo lleva a “la plancha”, el punto por donde en un bote, más angosto que un tambo de 200 litros, bajan y suben los trabajadores, material, herramientas y hulla.

Los más valientes de Barroterán

“Ellos (los mineros) tienen un pacto. Si todos los hombres de la familia son mineros, hijos, padres, abuelos, tíos y primos, uno trabaja en el turno de primera, otro en el de segunda y otro en el de tercera, y acuerdan: ‘si yo quedo abajo tú me sacas’, así se aseguran que no quedarán enterrados ahí (en el yacimiento)”, comenta el delegado regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, David Rangel Morales.

Deudos de los caídos tenían miedo de que pasara lo que en la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Sabinas, donde por una explosión de gas metano el 19 de febrero de 2006 fallecieron 65 carboneros, de los cuales sólo dos cuerpos fueron rescatados y 63 quedaron sepultados para siempre en el socavón de más de dos kilómetros de longitud.

Por eso en los patios del pozo carbonero en Sabinas, esposas, madres, padres, hijos, tíos, amigos y compadres, reclamaban airados que se aceleraran los trabajos de rastreo: “¡Devuélvanlos!”, exigían a gritos.

Los cadáveres de las 14 víctimas en el pozo de Binsa fueron recuperados en cinco días gracias a la labor de los brigadistas. La mitad de los difuntos eran de Sabinas y la otra mitad del poblado Minas de Barroterán, municipio de Múzquiz.

“Entre los rescatistas —señala el fiscal regional Rangel Morales— había parientes y compañeros de los caídos, todos trabajaron duro, sin restarle mérito a ninguno, pero los más valientes y decididos fueron los mineros de Barroterán, no me fallaron en la identificación. Excepto en uno, los tatuajes, que siempre he criticado, nos sirvieron de mucho”.

A muchos los conocieron por los tatuajes con la imagen de Cristo, crucifijos y nombres de mujeres; los más enamoradizos tenían hasta tres nombres de damas, recuerda el funcionario estatal.

El delegado estatal del IMSS, José Luis Dávila, quien estuvo en el lugar todo el tiempo, corroboró que Chuy, “El Niño Minero”, cuenta con una extremidad de brazo a la cual se le coloca una mano que a través de ganchos puede hacer algunos movimientos. Además tiene servicio médico y contará con este mientras lo requiera.

En cuanto a las pensiones a las viudas (que van de los 900 a los 2 mil 500 pesos) expuso que el beneficio se otorgó en los términos de la Ley del Seguro Social.