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“¿Quién sigue ahora?”, es la pregunta con la que todas las mañanas despierta Silvia Vázquez y Malú García, defensoras de derechos humanos por cuya actividad han sido amenazadas, han sufrido atentados, sus familiares han sido asesinados o baleados, y por la que han tenido que exiliarse de sus estados para salvar la vida. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben.

A casi un año del asesinato de Marisela Escobedo, el video del homicidio a sangre fría que le dio la vuelta al mundo sigue rondando en sus pensamientos. Esa fue la advertencia, aseguran. Ahora la persecución a defensores de derechos humanos está cobrando vidas por la impunidad con que quedan los crímenes en México. Los asesinos de la activista siguen en libertad.

De acuerdo con un reporte del Centro de Comunicación Social (Cencos) de enero a la fecha tienen registrados 68 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en México, basados en comunicaciones con diferentes ONG, monitoreo de medios y denuncias de activistas.

En estos 68 casos de agresiones y amenazas, según Cencos, hay involucradas y están en riesgo alrededor de 126 personas de diferentes organizaciones de todo el país, el mayor número de casos se encuentran en Oaxaca, seguido de Chiapas, Chihuahua y Guerrero; los responsables de las amenazas y agresiones son en su mayoría funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales; el tipo de agresión más frecuente son las amenazas, seguidas del asesinato y el hostigamiento.

“No esperas que la defensa de derechos humanos sea un crimen en México”, dice Silvia Vázquez, quien tras los atentados y amenazas que sufrió debió salir de Tijuana para refugiarse en otro estado del país.

Vive sin protección

Aunque tiene dictadas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vive sin protección policial y ha aprendido a establecer sus propios protocolos de seguridad con familiares y amigos.

“¿A qué te limita el Estado? Pues a perderlo todo. A fracturar tu familia, tu círculo social, tu círculo profesional y te limita la defensa de los casos. Porque al final, al estar hostigándote, amenazándote, es para que tú dejes de hacerlo. Quieren mantenerte atemorizada todo el tiempo y que no estés cerca de tus víctimas”, señala Vázquez.

La activista considera que “lo que quieren es orillarte a perderlo todo, tu estabilidad emocional, familiar y económica, porque te enfrentas a críticas, a cuestionamientos no solamente profesionales porque también tu familia te cuestiona. En el momento en que tienes que huir, en que atentan contra tus padres, claro que la familia te cuestiona: ¿en qué estás metido?”.

Silvia se niega a dejar la defensoría. Pese a todo lo que a perdido, asegura que sus esfuerzos valen la pena. Ahora ejerce su acompañamiento a víctimas a través de internet y redes sociales ante las amenazas del crimen organizado.