Hace poco más de un año llegó a Tenosique, Tabasco, y Fray Tomás González Castillo encontró un panorama difícil de creer. Había escuchado que en estas tierras eran comunes las historias de violencia contra migrantes centroamericanos, pero creía que “todo eso era una exageración”.

Cuando comenzó sus labores en el albergue para migrantes La 72 y en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta se topó con la realidad: comprobó que en Tenosique y sus alrededores los migrantes son extorsionados, secuestrados y agredidos por miembros del crimen organizado, pero también por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Tenosique, dice en entrevista con EL UNIVERSAL, no sólo significa muerte y extorsión para los migrantes: “también significa encontrarse con autoridades corruptas”.

El sacerdote de la orden franciscana y miembro de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) ha documentado las agresiones y violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes centroamericanos que cruzan el río Usumacinta y suben al tren que pasa por Tenosique y se dirige a Coatzacoalcos.

Con estas pruebas, ha denunciado ante el Ministerio Público a los agentes del INM que han cometido actos de corrupción y abuso de autoridad.

Cuando comenzó a denunciar, el sacerdote y los activistas que trabajan a su lado empezaron a recibir amenazas. Éstas han ido en aumento en las últimas semanas, cuenta.

La más reciente ocurrió el sábado 17 de septiembre: junto con el activista Rubén Figueroa, el sacerdote fue detenido por miembros del Ejército mexicano y la policía estatal.

“Durante la detención nos amenazaron”, cuenta Fray Tomás González, quien puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una denuncia por estos hechos ante el Ministerio Público.

La otra frontera

De enero a septiembre de este año, fueron deportados seis mil migrantes centroamericanos que cruzaron por Tabasco, de acuerdo con datos del INM.

“Esta zona tiene una importancia vital. Para nosotros es el tercer flujo de tránsito en el país. Es una frontera muy olvidada por las autoridades, fragmentada y violentada”, dice el sacerdote. Él ha observado cómo en los últimos meses se incrementó el número de migrantes que cruzan por Tenosique. Este aumento, explica, se debe a que en Tapachula o Comitán, Chiapas, —lugares tradicionales de cruce—, cada vez hay más control de “las autoridades o de las mafias del crimen organizado”.

El albergue que dirige, localizado cerca de la estación del ferrocarril, todos los días recibe entre 15 y 20 migrantes originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente.

Los testimonios de los migrantes, recopilados por el sacerdote y quienes laboran en el CDHU, señalan que los secuestros ocurren en Tenosique o en Balancam. De ahí se los llevan a Coatzacoalcos, donde existen varias casas de seguridad.

También han registrado testimonios de migrantes que han sido secuestrados en casas de seguridad ubicadas en los límites de Tabasco y Campeche.

Fray Tomás González Castillo asegura que han documentado casos en los que los mismos agentes del INM protegen a los grupos criminales. Por ello, se suma a las peticiones que han realizado los sacerdotes Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja, quienes también han sido amenazados y pertenecen a la DPMH.

“Pensamos que no es suficiente transformar al Instituto. Si se pone el mismo personal, no va a funcionar. Hay que pensar en otra cosa, en una institución totalmente diferente”.

En diciembre del 2010, cuando Fray Tomás González presentó algunas de estas pruebas, el entonces delegado local del Instituto, Jorge Luis Mendoza Cruz, denunció penalmente al sacerdote por “obstruir la labor de sus agentes”. La denuncia no procedió.

La depuración del INM que anunció el gobierno federal, dice, no ha sido efectiva en Tenosique.

“Hace dos meses y medio cambiaron al delegado regional y no pueden poner a otro delegado”. Los agentes de migración tampoco han sido removidos. “Y cuando los quitan, después nos enteramos que sólo los mandan a otra parte del país”, acusa.

El CDHU tiene demandas en contra de, por lo menos, 10 agentes del INM por corrupción y abuso de autoridad.

Fray Tomás González señala que “la migración de los centroamericanos no se va a parar”, pero lo que sí puede cambiar, dice, es que no exista violación a sus derechos humanos. Un paso para avanzar hacia ese camino, insiste, es la desaparición del INM.

Por lo pronto, Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente para solicitar al Estado Mexicano que cumpla con las medidas de protección para este sacerdote.