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Veracruz aprueba ley antirrumores

Édgar Ávila Corresponsal| El Universal
Miércoles 21 de septiembre de 2011
Veracruz aprueba ley antirrumores

PROTESTA. Integrantes de la Red Cívica Veracruzana se manifestaron ante los diputados que votaron a favor de la nueva ley de perturbación del orden público. (Foto: ESPECIALL )

Hasta cuatro años de prisión a quien perturbe el orden público, señalan

XALAPA

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal que tipifica como delito la perturbación del orden público, la cual busca “atenuar” los cargos que pesan sobre María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de terrorismo y sabotaje.

Ayer, la Comisión Permanente convocó a sesión extraordinaria exclusivamente para votar esta iniciativa, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que adiciona un capítulo al artículo 373 del Código Penal de Veracruz en el que se tipifica el delito de perturbación del orden social.

La iniciativa tuvo 33 votos a favor (del PRI) y 14 en contra (del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

La nueva disposición busca ser aplicada a María de la Luz y Gilberto, quienes están presos en el penal de Pacho Viejo por difundir en redes sociales presuntos ataques del crimen, lo que generó pánico en el puerto. El hecho ocurrió el 25 de agosto y ocasionó que padres de familia se alarmaran y fueran a buscar a sus hijos a las escuelas.

El defensor de los cibernautas, Fidel Ordóñez Solana, dijo que sus clientes rechazarán acogerse a esta nueva ley y esperarán la audiencia por el amparo que recibió un juez federal y que está programada para el próximo viernes.

Señaló que en caso de que el juez federal les otorgue el amparo, podrían salir libres de inmediato.

Delito, publicar falsa alarma

A partir de la aprobación de esta ley cometerá este delito quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud ocasionando la perturbación del orden.

Se sancionará con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo; en lugar de los 30 años por terrorismo.

El gobernador Javier Duarte explicó, en la exposición de motivos de su propuesta de reforma, que con ello se busca castigar la intención perversa de alterar el orden, la falsedad de la información y la causación efectiva de una perturbación, de la cual dependerá la sanción a imponerse.

“Es claro que no basta con demostrar la falsedad de la afirmación realizada y la intención de causar una afectación al orden público, sino que se requiere además que la perturbación ocurra en los hechos”, dijo.

Los diputados de oposición demandaron posponer la aprobación de la reforma y pidieron la participación de expertos en el tema para evitar legislar sobre casos en específico y hacer leyes de beneficios generales.

Durante la discusión en tribuna, los representantes de oposición denunciaron que la reforma representa un regreso al autoritarismo, pues limitará el uso de redes sociales y exigieron al gobierno desistirse de la acción penal en contra de los tuiteros si verdaderamente quieren “ayudarlos”.

Advirtieron a los periodistas que el estado puede hacer uso de este delito para encarcelarlos bajo la excusa que difundieron hechos falsos sobre balaceras o ataques armados a pesar de que sean ciertos.

En respuesta, los priístas negaron que los cambios fueran un ataque a la libertad de expresión y aclararon que sólo se busca evitar información falsa que genere perturbación social.

La discusión

El legislador panista Francisco Lara Arano consideró que la propuesta es una forma del gobierno de aceptar que se equivocó al acusar de terrorismo y sabotaje a los dos cibernautas. Sin embargo, Lara consideró que un acto de justicia sería desistirse de la acción penal y no hacer leyes a modo para unos cuantos.

El priísta Carlos Aceves Amezcua negó que se violente el derecho a la libertad de expresión, mientras que el panista Fernando Yunes Márquez aseguró que la propuesta sólo demuestra que el estado actuó de manera irresponsable, autoritaria y precipitada al acusar a los cibernautas de terrorismo y sabotaje.

Si bien se manifestó a favor de castigar a los tuiteros por su irresponsabilidad, demandó no legislar sobre casos específicos ni al vapor, además que dicha reforma no puede ser retroactiva porque finalmente perjudica a los cibernautas al aplicarles una sanción de cuatro años de cárcel.

 

 



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