ZACATECAS. Mientras la ex gobernadora Amalia García Medina acusó al actual gobierno estatal, encabezado por Miguel Alonso, de violar la ley por concluir el procedimiento de rendición de cuentas iniciado en su contra sin acatar los tiempos legales para su defensa, el contralor Guillermo Huízar afirmó que es improcedente la ampliación del plazo y anticipa que en la primera semana de marzo tendrá listas las sanciones a la ex mandataria.

García dijo que no busca detener ni retrasar el proceso de rendición de cuentas, pero advierte que no está dispuesta a que se le “incrimine” cuando la autoridad “no tiene la razón” y afirma: “Quieren hincarme y no me voy a hincar”.

El contralor, de extracción petista, insistió que el plazo de 15 días hábiles para el desahogo de pruebas está agotado y ahora se trabaja en el dictamen de sanciones que puede ser desde una amonestación privada, misma que descartó por “la gravedad del asunto y la ausencia de aclaraciones”, hasta la posibilidad de una inhabilitación en el ejercicio público de hasta 10 años.

En noviembre de 2010, el contralor dio a conocer a los medios de comunicación el resultado de la auditoría aplicada a la administración de la ex mandataria que evidenciaba unas 39 presuntas irregularidades en las áreas de finanzas, desarrollo económico, agropecuario, obras públicas, oficialía mayor y el DIF estatal.

De este total, el 10 de diciembre, la Contraloría Interna notificó sólo tres observaciones a García Medina, donde le atribuyó responsabilidad directa y se otorgaron 15 días hábiles para solventarlas.

Los tres rubros notificados son: un crédito bancario por 300 millones de pesos contratado con Banamex, deudores diversos y diversas ampliaciones presupuestales.

Desde el primer día que se revelaron las presuntas anomalías, García acusó al gobierno de Zacatecas de iniciar “un linchamiento político” en su contra y contrató a importantes despachos de abogados de la ciudad de México, quienes han señalado al contralor de actuar de manera “parcial y precipitada”

En conferencia de prensa, los abogados de la ex mandataria consideraron que se trata de un expediente “voluminoso, pero rasurado para establecer verdades a medias” y señalan que el plazo otorgado de 15 días se basó en el artículo 228 fracción III del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas.

Sin embargo, cuestionaron que este mismo artículo no se aplique en su totalidad para el cómputo de los días, pues este mismo apartado establece que si los documentos excedieren de 25 fojas, entonces se amplia el plazo para contestar la demanda un día más por cada cinco fojas de copias del expediente, equivalente a 150 días.

El contralor insistió que los tiempos legales se agotaron; “la ley contempla una solicitud de ampliación del plazo hasta por 30 días, pero se tendría que valorar la prórroga”.