OAXACA

Cinco dependencias del gobierno estatal y el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca aceptaron la recomendación emitida por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) por el conflicto en San Juan Copala.

En entrevista, Heriberto Antonio García, presidente de la comisión, mencionó que con la aceptación de esta recomendación se espera que la situación en esta comunidad se vaya normalizando paulatinamente.

Sin embargo, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) informó que el sábado fueron emboscados y asesinados dos simpatizantes de esta organización en el paraje Tres Cruces, cercano a San Juan Copala. Responsabilizó del hecho a integrantes del MULT.

La CDDHO emitió la recomendación 31/2010 por violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la educación, a la salud y otras más por la situación en San Juan Copala.

Dicha recomendación fue dirigida a las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, así como al Instituto Estatal de Educación Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al municipio de Santiago Juxtlahuaca.

La recomendación pide a la Secretaría General de Gobierno que realice las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región triqui, que permitan restaurar el orden, la paz social y la convivencia armónica.

A la Secretaría de Seguridad Pública se le recomienda que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia.

Además pidió que por medios legales gire instrucciones a los agentes estatales de investigación que tienen a su cargo la ejecución de las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito.

“Si dentro del pazo concedido en la presente recomendación no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndole las sanciones que resulten aplicables, salvo el caso de que la naturaleza de los mismos impidan material o jurídicamente su ejecución dentro del término señalado”.

En su caso, la CDDHO pide que remitan las constancias que así lo demuestren fehacientemente. También se solicita brindar seguridad al personal médico y educativo asignado a la zona de conflicto para que puedan restablecer dichos servicios.

A la Procuraduría de Justicia se le pide que gire sus instrucciones a los fiscales del Ministerio Público para que integren la investigación de los hechos relacionados con la violencia, a fin de que determinen dichos procedimientos en un plazo de 30 días hábiles.

“De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes”, señala el documento.

Antonio García confió en que esto siente las bases para tratar de disminuir la tensión en esta zona y que las autoridades hagan lo conducente para restablecer la normalidad en esta parte de la región triqui, que ha dejado en dos años unas 37 personas fallecidas.

Entre ellas, los activistas finlandés Jiry Jakoola y la mexicana Beatriz Cariño, quienes perdieron la vida durante la emboscada a una caravana donde viajaban con diversas organizaciones.