TAMAULIPAS

Las procuradurías General de la República y de Justicia de Tamaulipas comenzaron ayer a practicar las autopsias de ley a los 72 cadáveres de indocumentados encontrados el martes en un rancho del municipio de San Fernando, y ocho diplomáticos de países de Centro y Sudamérica arribaron al estado para participar en una reunión a puerta cerrada y en la identificación de cadáveres.

Las autopsias comenzaron a practicarse en el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos, con la colaboración de agentes ministeriales y peritos de la PGR en materias como balística, criminalística, fotografía y dactiloscopia, entre otras.

De acuerdo con reportes de las autoridades estatales, se ha comenzado a trabajar también en la identificación de los cuerpos, a partir de documentos que algunas de las víctimas llevaban consigo, pero se espera que la intervención de personal de las representaciones diplomáticas de El Salvador, Ecuador, Honduras y Brasil pueda agililizar el proceso.

Representantes consulares de esos países, acompañados de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la PGR llegaron ayer a San Fernando, Tamaulipas, donde cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales establecieron un fuerte dispositivo para proteger su llegada.

El gobierno de Honduras anunció ayer que su vicecanciller viajaría a México para apoyar a sus representaciones consulares en la identificación de sus compatriotas asesinados, mientras dos cónsules de El Salvador se trasladaron a San Fernando con el mismo objetivo.

Un hecho repugnante: Narro

Líderes académicos y sociales condenaron el asesinato de los migrantes a manos de bandas delincuenciales en México.

El rector de la UNAM, José Narro, dijo que la situación que se presentó es un hecho “extraordinariamente doloroso, lamentable y repugnante”; dijo que la sociedad debe poner un alto. “Es una expresión de la violencia, la inseguridad y pérdida de valores indispensables. El país entero tiene que rechazar esto tipo de circunstancias, debido a que no hay manera de justificar bajo ninguna circunstancia”.

Consideró que el clima de inseguridad no puede seguir: “Necesitamos acciones no aisladas... se requiere un programa integral, que no pueden ser acciones aisladas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a la condena a la masacre y urgió a las autoridades para que garanticen las condiciones mínimas de seguridad para todos los que transiten por nuestro territorio.

El presidente del organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva, reiteró la importancia de redoblar las acciones para contrarrestar la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y el incremento de secuestros que se ha registrado.

Una prueba para el gobierno: AI

La organización Amnistía Internacional externó su “grave preocupación” por la matanza de 72 migrantes.

En un comunicado, dijo que es crucial asegurarse de que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia. A la par, dijo, las autoridades deben también garantizar la seguridad de los testigos y establecer con certeza la identidad de las víctimas.

“Este caso una vez más demuestra el extremo peligro que enfrentan los migrantes y la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales de reducir los ataques contra los migrantes. La respuesta de las autoridades ante este caso será una prueba para el gobierno”.

En Tamaulipas, José Luis Manzo, director del Centro de Derechos Humanos de los Migrantes (CDHM), condenó la masacre y dijo que la violencia “selló” la boca de cientos de migrantes que han sido víctimas de secuestros y abusos en esta frontera, lo que se refleja en una disminución de las quejas hasta en 70%.

El derechohumanista que opera en la Casa del Migrante de Nuevo Laredo aclaró que la disminución de las quejas no es porque no haya violencia en contra de los migrantes, sino porque ya no denuncian por temor a ser golpeados o ejecutados.

La Arquidiócesis Primada de México, a través de un comunicado, calificó la masacre como una “barbarie” y aseguró que la existencia del fenómeno criminal en contra de los transmigrantes ha sido denunciado desde hace cuatro años por la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en México.(Con información de Miguel Ángel Sosa, Julián Sánchez, Juan Manuel Loyola y Gastón Monge)