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Estado azotado por el crimen organizado

El Universal
Martes 21 de julio de 2009

CUERNAVACA, Mor.— En la debacle electoral del Partido Acción Nacional (PAN) asoma un aspecto que en su momento fue renegado por autoridades estatales y líderes de ese partido: la inseguridad pública.

Esta hipótesis todavía es desechada por el presidente del Congreso local, Jaime Tovar Enríquez, legislador de Convergencia y a la postre candidato perdedor del PAN a una diputación federal.

“La inseguridad pública no fue el motivo, porque ese es un fenómeno que se vive en todo el país. Aquí la gente creyó en los candidatos del PRI y decidió darles un voto de confianza”, afirma.

Los hechos son casi similares a los ocurridos durante el mandato del general Jorge Carrillo Olea, periodo truncado por el cúmulo de denuncias por secuestro. En esa época (1994-1998) la crisis comenzó con la detención de un comandante antisecuestros cuando arrojaba el cadáver de un presunto plagiador sobre la carretera Cuernavaca-Iguala.

Lo que vino después fue la destitución del fiscal morelense y del coordinador de la Policía Ministerial, y posteriormente procesos judiciales contra ellos.

En esta administración panista la protesta social inició el 18 de abril cuando un comandante ministerial detuvo y desapareció a cuatro jóvenes, entre ellos un menor, cuyos cuerpos aparecieron después en una barranca del estado de Guerrero.

Esto provocó la destitución del mando superior de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas, aunque no detuvo la acción del crimen organizado.

El 24 de abril fueron levantados siete jóvenes en el poblado indígena de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Sus cuerpos fueron arrojados de un puente en Guerrero.

El 5 de mayo, fuerzas federales catearon una propiedad en la colonia Vistahermosa, distante 100 metros de la residencia oficial de gobierno, en la que detuvieron a 14 integrantes presuntamente relacionados con una célula de los Beltrán Leyva.

Un día después, en el estado de México, la Policía Ministerial de aquella entidad detuvo a 10 supuestos secuestradores, entre ellos dos policías en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana de Cuernavaca.

El 16 de mayo, la PF cateó una propiedad al poniente de Cuernavaca y detuvo a otros dos policías metropolitanos.



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