VILLANUEVA, Zac.— Escuchar la voz de un padre desesperado en un perifoneo callejero que, por ser prestamista, pedía el urgente pago a sus deudores con el objetivo de recaudar dinero para el rescate de sus hijos, indignó a un grupo de ciudadanos que decidió bloquear carreteras y exigir la presencia del Ejército mexicano, al desconfiar de la policía local.

Es la tierra del extinto cantautor Antonio Aguilar, 59 kilómetros al sur de la capital del estado, con 32 mil 215 habitantes y con fuerte vocación migratoria hacia Estados Unidos.

No era la primera vez que se sabía de un secuestro en Villanueva. Noviembre de 2008 fue realmente el detonante, cuando un centenar de habitantes de cinco comunidades optó por sitiar la carretera federal 54 que conduce a Guadalajara, Jalisco.

En aquella ocasión, los pobladores de la comunidad Felipe Ángeles denunciaban la creciente ola de secuestros y extorsiones, así como la presencia de grupos delictivos que actuaban en complicidad con policías municipales, a quienes culpaban de acabar con la tranquilidad de este pueblo.

La gente reveló asimismo que una de las personas secuestradas era Francisco Villa, conocido productor acuícola y propietario de una granja en el rancho Santa Rosa, por quien se pagó una fuerte suma en efectivo junto con la entrega de los títulos de propiedad de un espacio ecoturístico.

Aun con vigilancia, secuestran a maestro

Después de esa primera manifestación comenzaron los operativos especiales de la Base de Operación Mixta (BOM), integrada por corporaciones de la Federación, estado y municipios. La psicosis entre los pobladores disminuía. Pareciera que se trató de una tregua navideña, pues luego el temor de nueva cuenta abatió a los villanovenses.

Algunos habitantes relatan que en la primera quincena de enero se supo del secuestro del maestro jubilado de nombre Roberto García Cárdenas, quien aparte de ser comerciante es prestamista. Sus captores irrumpieron en un billar donde se encontraba y se lo llevaron.

Luis Medina Lizalde, columnista de un diario local, refirió el caso y confirmó los hechos, ya que conoce bien al secuestrado. Menciona que el profesor fue sometido a brutales golpizas y liberado tras el pago de un rescate de más de medio millón de pesos.

A los pocos días, los habitantes de Villanueva comenzaron a escuchar en las calles la voz del profe en un perifoneo por medio del cual pedía la comprensión de quienes le debían dinero. Anunciaba la condonación de intereses, incluso la venta de sus negocios. Refería que era urgente recuperar ese dinero porque su familia estaba en peligro.

Fue así como se supo que sus dos hijos habían sido plagiados. Esto enardeció a muchos y nuevamente levantaron la voz. Este pueblo no aguantó más, ya que veía y vivía la ola de inseguridad que padece el país y el estado.

Alzan de nuevo la voz

El 24 de enero pasado, centenares de villanovenses decidieron bloquear la carretera federal Zacatecas-Guadalajara. No sólo reclamaban la presencia exclusiva del Ejército, sino la destitución de los 42 elementos de la policía municipal, al denunciar la complicidad entre éstos y los grupos delincuenciales.

En un escrito público se alertaba que Villanueva vive “la peor situación de su historia en materia de seguridad”, toda vez que 50 delincuentes mantienen cautivo a todo un pueblo, ya que se cometen hasta siete secuestros por semana, a cambio “de altas cantidades”.

El reto plasmado rezaba: “Si la señora (la gobernadora Amalia García) no es capaz de brindar seguridad al pueblo que la eligió, que renuncie”.

Desde ese día, militares desarmaron a la policía local y mantienen bajo su custodia aproximadamente 14 armas (largas y cortas), mientras unos 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) atienden los reportes ciudadanos y unos 35 soldados realizan operativos de vigilancia.

Personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública aplica exámenes de confianza a los agentes municipales de Villanueva y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las pruebas antidoping.

En libertad

El cautiverio de los jóvenes hijos del maestro se prolongó unos días más, y el pasado 30 de enero trascendió en forma extraoficial que fueron liberados y de inmediato abandonaron el estado por su seguridad.

Sin embargo, el político y comunicólogo Luis Medina asegura que tiene contabilizados unos 30 casos de desaparecidos en la región. Entre ellos están 10 personas de apellido Herrera, víctimas del levantón masivo que ocurrió en octubre en el municipio de Jiménez del Téul, así como otros secuestros de personas muy conocidas en esta zona. Afirma, incluso, que en algunos casos se pagaron los rescates, pero las víctimas jamás han sido devueltas a sus familiares.

El éxodo

Las autoridades municipales reconocen que desde hace medio año se registraron los primeros secuestros en Villanueva, situación que paulatinamente origina el éxodo de la gente del pueblo “por miedo y para cuidar su integridad”.

Juan Vera Flores, secretario de este ayuntamiento, admitió que los secuestros y extorsiones han provocado la retirada de familias enteras de la cabecera municipal y de varias comunidades cercanas, así como el cierre de un sinfín de comercios.

Agrega: “Tal vez tienen miedo de que llegue esta gente (delincuentes) a cobrarles y les quiten lo poco o mucho que ganan. La economía ha bajado. Ya no hay quién quiera construir para no llamar su atención. Es una cadenita: si no construyen ya no le compran al materialista, el albañil se queda sin trabajo, éstos no tienen para comprar herramientas ni para ir al mercado. Así sucesivamente”.

Describe las movilizaciones en frases concretas: “Creo que la gente despertó. Ya no aguantó más. Es una acción de total rechazo a la inseguridad”.

Puntualiza además que desde que supieron de los primeros secuestros lo notificaron a las autoridades estatales, quienes enviaron operativos. “Nosotros creímos en el gobierno, pero para la gente no fue suficiente”.

Luego de que la ciudadanía en sus manifestaciones denunció que hay policías coludidos con los grupos armados, el alcalde Antonio de la Torre respaldó el reclamo de los gobernados y puso a consideración de las autoridades correspondientes a la corporación policiaca.

El secretario aclara: “No se trata de meter o no las manos al fuego por ellos (policías). Queremos que se abran investigaciones previas a los elementos de seguridad pública señalados como cómplices de la delincuencia organizada”.

Añade que 70% de los policías son originarios de Villanueva y el resto de los municipios vecinos de Tabasco, Guadalupe y Zacatecas. “No son contrataciones al vapor. Se hacen bajo el perfil y el aval del Consejo Estatal de Seguridad Pública”.

Por lo pronto, las autoridades municipales están por realizar una sesión extraordinaria de cabildo para determinar el futuro de los policías.

Cuestionado sobre si en el municipio opera el crimen organizado, el secretario expresó: “Es una pregunta muy directa, no quisiera aceptarla o rechazarla, pues todo esto es un efecto que se ha dado a nivel estatal y federal. No creo que Villanueva sea la excepción”.