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CHIHUAHUA, Chih.— Tras las rejas que los chabochis (mestizos) construyeron lejos de los suyos, Carmela pasa las horas en un mundo extraño, rodeada de mujeres que no hablan rarámuri y cumpliendo órdenes que le dan personas a las que nunca había visto.

Cuando se trata de encarcelar a una indígena tarahumara, el proceso penal en Chihuahua es pronto y expedito, contrario al implacable trabajo de la justicia frente a la ola de criminalidad y violencia que azota a la entidad, donde no más de 50 sujetos han sido detenidos por los mil 500 homicidios registrados en este año.

Carmela Aguirre Moreno se encuentra bajo proceso judicial acusada de delitos forestales, al talar supuestamente mil 71 árboles, por lo que podría permanecer en prisión de siete meses a nueve años.

Argumenta que derribó los pinos que unos ejidatarios plantaron sin su consentimiento en la parcela de maíz que ocupaba para alimentar a su familia, ubicada en el recóndito caserío de Caborachi, a casi un día de distancia caminando de la cabecera del municipio de Guachochi, enclavado en la región serrana de la entidad. No obstante, para las autoridades violó el Código Penal Federal.

La fiscalía la acusa de haber arrancado mil 71 árboles. Ella reconoce que fueron 15 o 20 y que lo hizo porque nadie le pidió permiso para sembrarlos en su tierra y por el coraje que sintió cuando “alguien” llenó el lugar de alambres con púas.

José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), criticó la sorprendente diligencia con la que actuaron el juez, al girar la orden, y los agentes federales, para detenerla.

Celeridad para indefensos

La denuncia fue presentada el miércoles 3 de septiembre ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en menos de dos días, Carmela ya había sido consignada.

“La celeridad por sí misma es buena, pero contrasta con otros eventos en donde hay una marcada disparidad. Refleja una aplicación desigual de la procuración de justicia”, señaló el ombudsman estatal, al comparar la situación de Carmela con el elevado número de crímenes sin resolver.

Solicitó que la Procuraduría Agraria inicie una investigación, ya que cuenta con elementos suficientes para suponer que detrás de la acusación existe un intento de despojo.

El defensor de oficio de asuntos indígenas y responsable del caso, Raúl López, informó que la mujer de 38 años, es ama de casa, vive con su esposo Ricardo Armendáriz Cruz y subsisten del maíz y frijol que siembran.

Fuera de la parcela que poseen, ninguno tiene ingresos monetarios, “a sus hijas Frayela y Virginia las mantienen del autoconsumo o del intercambio de cosecha por otros artículos”.

Carmela habla poco español y no tiene estudios. En el expediente que será turnado al juez octavo de Distrito se indica que violó la fracción II del artículo 418 del Código Federal, referente a tala clandestina de árboles.

El abogado defensor demostrará la diferencia cultural existente entre los rarámuri y los mestizos para que Carmela sea exonerada del cargo: “En el medio en que ella vive, el delito del que se le acusa no existe”.

La secretaria de Acuerdos del Juzgado, María Noemí Contreras, negó información del caso por estar abierto y estimó que máximo en dos semanas se podrá dictar la sentencia.

En tanto, Carmela espera recluida en el área femenil del Centro de Readaptación Social de Chihuahua. “Padece una severa depresión, se niega a hablar, se muestra muy renuente con las autoridades y hasta la fecha no comprende qué hizo mal..., sabe que las cárceles son para los que hacen daño y ella no siente haber tenido un mal comportamiento con otros”, comentó Gely Burrola, trabajadora social encargada de realizar su perfil.

Pese a que su pequeña casa de madera carece de servicios y tiene piso de tierra, penurias que para los indígenas son una constante, todo el día lo dedica a extrañar ese humilde lugar y llorar por su familia.