XALAPA, Ver.— El gobierno de Fidel Herrera Beltrán decidió clasificar como “reservada” y “confidencial” información sobre gastos de promoción institucional —por seis años—, índices delictivos, datos sobre pensiones alimenticias, viáticos, sueldos y prestaciones a servidores públicos en el estado, en lo que la oposición consideró como blindaje para el futuro político del gobernante.

Según decisión de sus respectivos comités de Información de Acceso Restringido, las principales áreas gubernamentales del estado decidieron clasificar como reservada o confidencial información que, según PRD y PAN, podría afectar la imagen del gobernador Herrera Beltrán.

Sin embargo, por adelantado, el presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Álvaro de Gasperín Sampieri, advirtió que será ese organismo el que determinará qué información podrá considerarse como “reservada” o “confidencial”.

El IVAI se creó hace nueve meses. Su presidente fue vocero de la campaña del candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Buganza, mientras que una de sus consejeras, Luz del Carmen Martí Capitanachi, es esposa de quien fuera rector de la Universidad Veracruzana hace 10 años (entonces lo nombraba el gobierno, no el consejo universitario como ahora), Emilio Gidi Villarreal; y la otra es Rafaela López Salas, coordinadora de la Maestría en Derecho de la Universidad Veracruzana, donde se graduó el gobernador.

Clasificación masiva

En la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, el comité respectivo acordó que serán parte de la información reservada por un periodo de seis años, con opción a prórroga, los gastos de promoción institucional. Éstos incluyen servicios de promoción, publicidad y difusión.

Para esa área, proporcionar esa información daría una ventaja a los medios de comunicación de acuerdo a los principios económicos que rigen la ley de la oferta y la demanda, como el derecho a la competencia y el dumping.

Asimismo, en la Secretaría de Gobierno se clasificaron como reservados informes que van desde las pensiones alimenticias hasta los permisos para carreras de caballos, peleas de gallos o uso de explosivos.

Además, se decidió clasificar como reservada o confidencial la información contenida en los archivos de la Unidad Administrativa, la Dirección Jurídica, la Dirección de Prevención y Readaptación Social y la Editora del Estado.

De esa manera, quedan clasificados todos los expedientes relativos a juicios de amparo, laborales, penales, civiles y agrarios, así como de recursos administrativos, proyectos de leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, lineamientos, manuales, estatutos, bases y fe de erratas.

También se incluyeron expedientes integrados con motivo de las recomendaciones emitidas por las comisiones Interamericana, Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública reservó por un año todas las estadísticas e incidencia delictiva, entre otros rubros.

Además, se clasificaron como confidenciales los informes sobre viáticos, alimentación, servicios de telefonía y nómina, y hasta se reservaron por seis años los archivos recopilados en las dependencias estatales de los medios impresos locales, estatales y nacionales.