Funcionarios del gobierno poblano fueron denunciados por corrupción, sobornos y extorsiones por la constructora Anes, encargada originalmente del tramo carretero de 15 kilómetros donde el miércoles pasado un alud sepultó un camión con 32 personas en su interior.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobernador del estado, Mario Marín Torres, no atendió esas denuncias ni las advertencias sobre las deficiencias en la planeación y construcción de la carretera de Eloxochitlán donde ocurrió el accidente.

Además, la Auditoría Superior de la Federación determinó que ese tramo carretero costó a los poblanos casi 22 millones de pesos, cuando su presupuesto original era de 11 millones de pesos.

La administración de Mario Marín Torres terminó por asignarle la obra en la práctica, directamente y sin licitación, a Esna Construcciones, propiedad de Édgar Nava, que ya ha sido beneficiado con obra pública estatal.

La Ley de Egresos del gobierno de Puebla indica en su artículo 71 que sólo podrán adjudicarse obras sin licitación cuando éstas no superen los 302 mil pesos. Y en el caso de esta carretera, su valor fue de 21 millones 818 mil pesos.

La ASF, en una auditoría especial de esa carretera, en julio de 2006, detectó que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Puebla, violaron la ley al “fraccionar” la recontratación de trabajos de construcción de esa vía, luego de que la constructora original, Anes, dio por terminado su contrato cuando el gobierno le modificó el proyecto y el trazo de la obra por la falta de estudios geológicos y del terreno.

A la investigación oficial, se añaden las denuncias hechas por Juan Carlos Anaya, de la constructora Anes, quien acusó al entonces subsecretario estatal de Transportes, Ezequiel Aguilar, y a Benjamín Lobato, director de Normatividad de la SCT estatal, de haberlo extorsionado pidiéndole un millón de pesos para mantenerle el contrato, además de solicitarle “cooperación” para campañas de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Encarecieron la obra

El resultado de la “auditoría especial de cumplimiento financiero” de la ASF, con folio AECF/PS/0100/2006, y clasificado como “Información Reservada” por el gobierno de Marín, señala que en la construcción de la carretera Alcomunga-Eloxochitlán se violaron las leyes cuando la SCT de Puebla otorgó de manera fraccionada trabajos de esa obra, tras el incumplimiento de la primera constructora contratada.

El auditor Juan Manuel Portal, de la ASF, observó en sus conclusiones que al “fraccionar” contratos en distintos conceptos (terracerías, pavimentación, drenaje y señalización) y otorgarlos de manera separada a las nuevas constructoras, provocaron que se dispararan los costos a tal grado que de 11 millones 925 mil 627 pesos presupuestados en el primer contrato, para la segunda asignación, hecha a la empresa Esna, el gasto en la carretera subió a 21 millones 270 mil 927 pesos, casi el doble del proyecto original.

Por haber “fraccionado” los contratos, el auditor federal señala como “presunto responsable” de violaciones a la ley, a Benjamín Lobato, director de Normatividad de la SCT, a quien pide fincar responsabilidades y sanciones administrativas.

En respuesta a la auditoría federal, el secretario estatal de Comunicaciones, Rómulo Arredondo, justificó el aumento al doble del costo de la carretera y la asignación sin licitación a la constructora DAP, por el cambio de trazo de la obra, derivado de las condiciones ambientales y del terreno que nunca estudiaron previamente, además de las inconformidades de vecinos.

El funcionario del gobierno poblano defendió al servidor público acusado por la ASF, Benjamín Lobato, diciendo que sólo participó en la firma de contratos públicos como “testigo de asistencia”.

Corrupción y favoritismos

Dentro de la complicada historia de la carretera de Eloxochitlán, un pasaje que ignoró el gobierno de Mario Marín fueron las denuncias hechas por la primera constructora encargada de la obra.

Juan Carlos Anaya, representante de la empresa Anes, presentó en febrero de 2005 un expediente ante la SCT poblana en el que denunciaba al entonces subsecretario de Transportes, Ezequiel Aguilar, y al mencionado Benjamín Lobato.

Ambos funcionarios, decía el constructor, le pidieron “comisiones”, “sobornos” y “cooperación” para campañas del PRI por casi 2 millones de pesos.

La campaña para la que le pedían, decía en su denuncia, era de Antonio Rojas Flores, ex titular de la SCT que buscó ser candidato priísta a la gubernatura. Las denuncias nunca se investigaron, pero sin que se informara claramente los motivos, el subsecretario Aguilar renunció meses después y se nombró en su lugar a un encargado de despacho.

Un pasaje poco claro en este asunto, es la participación de Esna Construcciones, propiedad de Édgar Nava, y según registros oficiales, uno de los constructores que más contratos de obra ha obtenido en lo que va de la administración de Mario Marín.

En un informe de las obras asignadas directamente y sin licitación en el gobierno de Marín, entregado por la Secretaría de Desarrollo Urbano al diario poblano Cambio, se informa que más de 239 millones en obras fueron contratados por esa vía, y en la lista de empresas favorecidas aparece varias veces Esna Construcciones, a la que se le otorgó, según ese informe, el contrato de la carretera Alcomunga-Eloxotitlán, por 21 millones 818 mil pesos.

El nombre de Esna Construcciones no aparece en ninguno de los reportes de la ASF ni de la propia Secretaría de Comunicaciones estatal, en la que el contratista encargado de la carretera es la constructora DAP —a la que también le cancelan el contrato—, ni se especifica en qué momento le fueron otorgados los trabajos a la empresa propiedad de Édgar Nava.