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Arrestan a 19 militares por muerte de 5 civiles

María de la Luz González| El Universal
Martes 05 de junio de 2007
La dependencia precisó que, en coordinación con autoridades civiles, la Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa contra los militares involucrados, de la que se desprenden indicios de su probable responsabilidad en el delito de violencia contra las personas

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tres oficiales y 16 elementos de tropa fueron internados en una prisión militar por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco personas, dos mujeres y tres menores de edad, ocurrida el pasado 1 de junio en el poblado serrano de la Joya de los Martínez, Sinaloa.

La dependencia precisó que, en coordinación con autoridades civiles, la Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa contra los militares involucrados, de la que se desprenden indicios de su probable responsabilidad en el delito de violencia contra las personas.

Detalló que, por resolución del Ministerio Público Militar, los tres oficiales y 16 soldados del 24 Regimiento de Caballería Motorizado, fueron internados en la Prisión Militar de Mazatlán, donde quedaron a disposición del Juzgado Militar adscrito a la tercera región militar.

La Sedena aclaró que si bien en la averiguación previa se acreditaron elementos para presumir la responsabilidad de los ahora indiciados, no se prejuzga sobre su culpabilidad individual "por lo que deberán profundizarse las investigaciones en el curso del proceso correspondiente".

El incidente ocurrió la noche del viernes pasado, en un retén cercano a la comunidad la Joya, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leyva, cuando ocho integrantes de dos familias, en su mayoría mujeres y niños, viajaban en una camioneta Ford doble rodada, color rojo, placas TW 48927, conducida por Adán Abel Esparza Parra, de 29 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la camioneta no respetó el alto marcado por soldados para una revisión, presuntamente por la velocidad a la que viajaba, y los militares dispararon contra ellos.

Como resultado de la agresión, fallecieron Griselda Galaviz Barraza, esposa de Adán Esparza, tres hijos del matrimonio de 7, 4 y 2 años, así como Alicia Esparza Parra, de 19 años y hermana del conductor.

Además, en la balacera resultaron lesionados un niño de 5 años de apellido Esparza, Teresa de Jesús Flores, de 16 años, y Adán Abel Esparza, quienes fueron internados en el Hospital General de Culiacán.

Adscritos a Mazatlán

De acuerdo con la Sedena, los presuntos responsables están adscritos al 24 Regimiento de Caballería y el retén opera en la zona del incidente como parte de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sobre estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como su par estatal en Sinaloa, iniciaron una investigación, derivada de la queja recibida al día siguiente de la agresión por violaciones al derecho a la vida y al de la integridad física.

El organismo envió a Sinaloa a tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, adscritos a la Segunda Visitaduría General de la comisión para reunir información de lo ocurrido mediante inspecciones oculares, entrevistas y solicitudes de información a las autoridades.

Esta es la tercera ocasión en los últimos seis meses que la actuación de militares asignados a tareas de seguridad y combate al crimen organizado es investigada por la CNHD.

El organismo documentó violaciones a derechos humanos por parte de militares en Michoacán, como parte de las acciones del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, que incluyen abusos sexuales contra cinco mujeres menores de edad, por lo que se espera en breve una recomendación para la Sedena.

Hace unos días, la CNDH presentó su informe sobre la intervención policiaco militar en el conflicto de Oaxaca, que incluye una recomendación al titular de la Sedena por el uso de instalaciones castrenses como centros de detención. Al presentar la recomendación, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, se pronunció porque el Ejército sea retirado de las calles.

Otro caso en Tamaulipas

La muerte el domingo pasado de Héctor Adrián Salazar Hernández, presuntamente a manos de soldados apostados en un retén en las afueras de Nuevo Laredo, sigue sin aclararse. Las autoridades militares y ministeriales de este municipio fronterizo han guardado silencio sobre este homicidio.

Versiones extraoficiales apuntan a que Héctor Adrián Salazar Hernández viajaba de copiloto con Jesús Rogelio Alonso, en un Nissan Murano 2005. Pero este último no se detuvo en el retén cuando los militares le marcaron el alto. (Con información de Gastón Monge, corresponsal)



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