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"Autoridades aplican política de exterminio"

Julieta Martínez| El Universal
Miércoles 22 de noviembre de 2006
Las cinco etnias de BC casi no reciben apoyos, dice procurador

TIJUANA, BC.- Las autoridades federales, estatales y municipales han incurrido en políticas de exterminio hacia las etnias bajacalifornianas que están al borde de la extinción, en particular la kiliwa que cuenta con apenas 54 integrantes.

El procurador de los Derechos Humanos en el estado, Francisco Javier Sánchez Corona, denunció lo anterior al acusar que al margen de si esa actitud es deliberada o no, la consecuencia es una serie de rezagos en que viven esos indígenas, cuyas comunidades no cuentan con los más elementales servicios.

Una prueba es el "pacto de muerte" que acordaron los kiliwas al dejar de reproducirse hasta que se extinga su etnia, aseguró el jefe comunitario Elías Espinosa, quien confirmó que hay sólo cinco personas mayores de 75 años que hablan su lenguaje, por lo que técnicamente se considera desaparecido.

El abandono oficial es generalizado en todas las comunidades nativas de Baja California, "no reciben (del Estado) más que muy pocos apoyos para sostenerse y conservar su tradición, su cultura y sus lenguas, y en ese sentido se está dando una política de exterminio, aunque no sea ese el propósito", aseveró el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Al respecto, la directora de la Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México, Patricia Rivera Reyes, confirmó que efectivamente hay una política de exterminio que coloca a las comunidades bajacalifornianas en la peor situación de todo el país.

Rivera Reyes acusó que las autoridades poco han hecho para intervenir ante el despojo gradual de las tierras que ancestralmente pertenecieron a los cinco grupos nativos de la entidad y, al contrario, protegen a los políticos y empresarios que se posicionan de los terrenos. Además de kiliwas hay cucapás, kumiai, pai pai y cochimís.

Ante ello, el procurador consideró la posibilidad de emitir una recomendación para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que consideren mejorar la atención a los residentes más antiguos del estado.



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