GUATEMALA.- Calixto Gómez Pérez y siete kaibiles más perdieron la vida en El Congo, a principios de este año. Pese a que podía optar por el retiro voluntario, decidió quedarse en las Fuerzas Armadas guatemaltecas antes de irse a su milpa, en San José Pinula, departamento (estado) de Jalapa.

"No quería trabajar la tierra", dice su viuda Margarita Pérez, de 29 años de edad, por lo que optó por permanecer en las Fuerzas Armadas. Así fue parte del primer contingente de la misión de paz en El Congo.

La reducción de las Fuerzas Armadas tras la suscripción de paz de 1996, mandó a la calle a más de 15 mil soldados, muchos de ellos con la formación de kaibil, quienes tentados por los altos salarios del crimen organizado se volvieron sicarios.

El coronel Héctor Rosales, miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), dice que con la desmovilización de las Fuerzas Armadas, muchos oficiales fueron enviados a la calle de "manera abrupta".

En entrevista, considera que los soldados se fueron al narcotráfico, porque "paga muy bien", no es culpa de ellos, sino del Estado guatemalteco al que le faltó visión para establecer programas para la reinserción a la vida productiva, después de haber sido desmovilizados.

El ex miembro de la Fuerza Aérea añade que el que algunos kaibiles hayan decidido pasarse al narcotráfico no es delicado. "La situación no es tan grave. No se puede decir que todos los que se retiraron de las Fuerzas Armadas ahora trabajen para el narcotráfico", porque el número es "aún pequeño", agrega.

"Se habla, se dice que determinado número de kaibiles está en la delincuencia, pero no es tan grande la cantidad; pero si así fuera, es lamentable, porque son soldados bien entrenados", manifestó el coronel Héctor Rosales.

Considera que lo que corresponde ahora es reforzar la formación de los soldados que dejen la institución armada y exaltar sus valores civiles, "porque eso es lo que se necesita para que sean buenos soldados y buenos ciudadanos".

El fin de la guerra civil dejó a miles de soldados desempleados, pero el Estado no es el responsable de que algunos de los integrantes de la institución armada "hayan decidido convertirse en criminales", considera.

"Siempre existió ese temor en las Fuerzas Armadas de que los militares se incrustaran al crimen organizado", reconoce Rosales, pero el Estado no tiene la culpa. Lo único de lo que se le puede responsabilizar es que no previó programas integrales para su readaptación a la sociedad, manifiesta el coronel.

Habrá más

Carmen Aída Ibarra, coordinadora del área política de la Fundación Mirna Mark, dice que "no importa la cantidad" de kaibiles que están al servicio del narcotráfico, "pueden ser tres o 100, no importa; lo que hay que ver es que el fenómeno va crecer de manera exponencial", advierte.

La activista asegura que si los estados de América Latina, principalmente de México, El Caribe y Sudamérica, se quedan indiferentes y se "hacen de la vista gorda" ante el fenómeno, éste "va a crecer".

Así, se sabe que después de la suscripción de la paz se amplió la oferta de mano de obra militar y de policías que están trabajando para tareas de empresas de seguridad privada y otros que conformaron grupos de sicarios.

Para conocer la realidad, Ibarra expone que las empresas de seguridad privada poseen de 70 a 80 mil elementos, comparados con los 15 mil que tiene el Ejército o los 18 a 19 mil agentes de la policía. Esta es una fuerza poderosa que supera "grandemente" a las instituciones que deberían combatir a la delincuencia, dice.

"Este fenómeno está creciendo y muchos ex militares están penetrando cada vez más a las organizaciones del crimen organizado desde México, El Caribe, Centro América, hasta Colombia", apunta Ibarra.