CULIACÁN, Sin.? Se dictó auto de formal prisión contra el ex director de la Policía Judicial del estado, teniente coronel Jesús Collazo Pérez, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, hechos que se derivan de cateos efectuados en el primer semestre de 1998 en la ciudad de Guamúchil, sin contar con las órdenes respectivas de un juez.

También, el juez cuarto de distrito, con sede en la ciudad de los Mochis, decretó la libertad del ex coordinador de la misma corporación, mayor Manuel Hernández Pérez, al cual se le atribuían los mismos delitos.

De acuerdo al secretario del juzgado cuarto, Trinidad Valdez, el ex jefe policiaco, quien goza de libertad bajo fianza, dispone de un término de tres días hábiles para presentar su apelación.

A inicios de 1998, el entonces presidente municipal de Salvador Alvarado, Roberto Gastelum Castro, solicitó el auxilio de las autoridades judiciales del estado y la PGR, ante la serie de actos delictivos registrados en su comuna, uno de ellos fue el asesinato de Yadira Angulo Gaxiola, la cual fue acribillada cuando conducía una camioneta en compañía de su hija menor y dos sobrinas de siete y ocho años de edad.

Un día antes de estos hechos que tuvieron lugar el martes seis de enero de dicho año, en la misma ciudad de Guamúchil, el agente de la Policía Judicial del estado, Manuel Martínez Haro fue ejecutado, por lo que se dispuso una serie de cateos de residencias de esa ciudad.

Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, comentó que es loable que las autoridades federales hayan dado entrada a las denuncias presentadas por varios ciudadanos de Guamúchil que en 1998 fueron víctimas de abusos, por los cateos practicados sin órdenes de jueces.

Recordó que varios ex alcaldes de dicha comuna se inconformaron públicamente por los operativos registrados, los cuales se instrumentaron a raíz de las muertes de varios ciudadanos, entre ellos el piloto aviador Fernando Olmeda y a sus acompañantes Elia Gaxiola y el agente de la policía preventiva Ramón Juárez Gámez. El ombudsman externó que es inaceptable que las autoridades judiciales hayan incurrido en violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos, bajo el pretexto de combatir la delincuencia.