Guadalajara.— La junta de gobierno del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (conocido como C7) y el defensor de la audiencia del mismo organismo, Julio César Hernández, decidieron el pasado 11 de marzo dejar de transmitir información electoral en sus barras de opinión durante el actual proceso de elecciones y no incluir información de los candidatos en sus programas de noticias.

Al día siguiente, el director del sistema, Sergio Ramírez Robles, solicitó licencia a su cargo para integrarse a las campañas del PRI en Guadalajara.

La medida ha sido criticada tanto por académicos como por autoridades electorales, pues consideran que con esto el C7 está violando el derecho de información de sus audiencias.

En opinión de Graciela Bernal Loaiza, académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) e integrante del Observatorio Q de Medios de esa universidad, la decisión de C7 contraviene el derecho a la información que tienen todas las personas y que está consagrado en el artículo sexto constitucional.

“Están confundiendo un medio público con uno gubernamental; además, la idea en todo sistema democrático es que los ciudadanos acudan informados a las urnas”, explicó.

El consejero electoral Mario Ramos expresó su preocupación por esta decisión, pues estimó que los medios públicos deberían ser los que más espacio destinen a los candidatos, pues al salirse de la lógica del rating y la publicidad, podrían dar más tiempo a difundir las propuestas de los diferentes aspirantes a un puesto de elección popular promoviendo foros y debates.

“Creo que decidieron esto para no ser cuestionados o señalados de ser parciales, lo que me parece grave, pues como medio público deben buscar ser imparciales y equitativos; tal vez se están asumiendo como un medio gubernamental y no público, lo que sería preocupante”, indicó el consejero.

Al ser interrogado por la decisión de omitir la información electoral, Gabriel González, encargado de despacho de C7, argumentó que uno de los criterios fue que quienes hacen los programas de opinión son también considerados servidores públicos y eso puede derivar en alguna acusación de que están actuando de forma inequitativa y en favor de algún aspirante.

“Los partidos están esperando un error nuestro para judicializar la elección y no queremos ser parte de eso; a los medios públicos la ley nos pone en una línea muy endeble”, comentó.

Precisó que se ha malinterpretado una parte de la medida, pues además de los spots que trasmiten por ley, en los programas de noticias sí se maneja contenido electoral, aunque éste únicamente se refiere a la información oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral o el IEPC.

“Tampoco tenemos la capacidad y nuestros recursos son limitados para cubrir a todos los candidatos (…) me parece exagerado decir que se violenta el derecho a la información, aunque no toda esté en las plataformas de C7 el resto está en los demás medios”.