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ZAMORA

Un grupo de unas 150 personas, integrado por ciudadanos y gente que creció en el orfanato La Gran Familia, protestó en contra de la detención de Rosa del Carmen Verduzco, 'Mamá Rosa', y el cateo del albergue.

Con mantas color rosa y playeras blancas con la leyenda “Todos somos hijos de 'Mamá Rosa'”, marcharon desde el centro de esta ciudad hasta las inmediaciones de la casa-hogar.

Entre los manifestantes había unas 30 mujeres y hombres que dijeron ser ex internos del lugar, además de gente de la sociedad civil que defendió “la labor humanitaria” de 'Mamá Rosa' y criticó “la forma en la que fue detenida una señora de esa edad [80 años]”.

Elementos de la Policía Federal impidieron que la marcha llegara hasta donde estaban los familiares de los internos del albergue para evitar un enfrentamiento entre los grupos, ya que muchos de los padres de familia sufrieron crisis nerviosas y ataques de ira al enterarse de las condiciones reales en las que vivían sus parientes.

En tanto, camiones de basura del ayuntamiento continúan con el acarreo de escombro, comida putrefacta e inmundicia que sale de todos los rincones del albergue.

La alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal, ingresó por la mañana a la casa-hogar para hacer un recorrido por las instalaciones y el terreno que abarca más de 2 mil 500 metros cuadrados de la avenida Madero, en la esquina con avenida Virrey de Mendoza. Su visita fue a puerta cerrada y en medio de un fuerte operativo, sin hacer declaraciones a los medios.

Las pruebas de ADN continúan aplicándose a los familiares que van en busca de sus hijos, hermanos, primos, amigos y hasta vecinos que, aseguran, en la mayoría de los casos no han podido ver desde meses o años.

Incluso hay familiares de personas desaparecidas de otros estados, que aseguran tener información de que sus familiares fueron traídos aquí para ser vendidos o prostituidos.

Continúan ‘limpia’

En el tercer día de seguimiento de este caso, que ha conmovido a la sociedad mexicana, las autoridades estatales pudieron ingresar al albergue después de que fue retirada menos de la mitad de la basura del lugar.

Una cuadrilla integrada por unas 300 personas que laboran para los sistemas DIF estatal y nacional, y para la Comisión de los Derechos Humanos, entre ellos sicólogos, médicos, trabajadoras sociales, enfermeras, cocineros, fumigadores, personal de limpia y elementos del Ministerio Público han laborado aquí desde el martes pasado para atender la que ya es considerada una emergencia sanitaria y social.

Por la tarde, la presidenta del DIF nacional, Laura Vargas, acompañó al gobernador del estado para hacer un recorrido por el lugar.

Al albergue llegaron familiares de los internos en grupos pequeños provenientes de Monterrey, Guanajuato, Toluca, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, el Estado de México y los municipios y comunidades de casi todo Michoacán.