PASO LA REYNA, JAMILTEPEC

La división entre PRI y PRD, la disputa por la instalación de la presa y la desidia de autoridades han aislado de apoyos a la gente de esta agencia de Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca, que después de Ingrid, Manuel, en 2013, y Trudy, en 2014, viven casi a la intemperie. Para rehabilitar sus casa han utilizado cajas de cartón, mecates y plásticos.

En 2013, las lluvias provocadas por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel dejaron afectaciones en más de 100 viviendas, casi las mismas que sufrieron tras el embate de Trudy en 2014.

Del censo que se hizo para reconstrucción en 2013, hubo sólo cuatro beneficiarios: Hermilo Matías Cortés, Alejandro Mejía, Rosa Elia Labastida y Yolanda Narváez, quienes recibieron un pie de casa con material prefabricado, sin que tengan servicios como agua potable o drenaje.

El Barrio Chico de Paso la Reyna es casi un montón de escombros, pero ahí habita la gente porque al final las reglas de operación determinaron que no habían sufrido la pérdida total de su vivienda.

Jovita González Cruz, una de las afectadas, explica que en un inicio se consideró la afectación en 100 viviendas, pero cuando fue el personal del gobierno de Oaxaca, sólo autorizó la reconstrucción de cuatro.

“Las casas que todavía tenían horcones o techo ya no fueron consideradas, sólo nos dieron 10 láminas y una colchoneta, pero las casas ya no son casas”.

Leocadio Reyes tiene sus cosas en una sola habitación que fue reconstruida con varas de madera y utilizó una lámina como puerta, el techo también lo hizo con las láminas del apoyo y algo de palma.

Las historias son similares. Verónica Pérez, Reyna Hernández, Juana Iris, Araceli Bautista, todas cuentan que sus viviendas se inundaron y rescataron lo que pudieron, principalmente sus vidas, que pusieron a salvo durante las tormentas.

Aun aquellas que se construyeron con tabicón, tienen afectaciones. Algunas paredes con lama, agrietadas y húmedas que representan un riesgo para quienes viven ahí, dice Cristian Hernández Cruz.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) acudió también a levantar un censo para posibles beneficiarios de empleo temporal y el extinto programa Oportunidades —ahora Prospera—, pero ya no volvieron a este ejido ubicado a 22 kilómetros de la carretera federal 175.

Para llegar a Paso la Reyna hay un retén instalado por los ejidatarios que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica, un proyecto anunciado por el gobernador Gabino Cué con una inversión de 600 millones de dólares.

El proyecto prevé la construcción de una cortina de 195 metros y la afectación directa para 3 mil 100 hectáreas en seis municipios, además de daños colaterales en más de 40 localidades, entre ellas, Paso la Reyna, que sería la mayormente afectada por estar en la orilla del río Verde.

Desde que la comunidad rechazó el proyecto, se impide el paso a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por tierra, ya que la paraestatal ha hecho recorridos y mapeo por aire, por lo que han avanzado pero en forma más lenta por no tener permiso de los pobladores.

Presión de autoridades

Según Cristian Hernández Cruz, uno de los afectados en Barrio Chico, los opositores a la construcción de la presa no sólo han impedido el ingreso de personal de la CFE, sino de cualquier representante de gobierno que acuda a la comunidad, porque aseguran haber recibido presiones de las dependencias para obtener el permiso.

Pero también consideran que aceptar apoyo de las dependencias constituiría un soborno para que la gente autorice la construcción de la presa, negada en asamblea por la mayoría de los ejidatarios.

Además, la autoridad auxiliar en la agencia emanada del PRD, dice que no quiere nada del presidente Peña Nieto, pero del gobernador Gabino Cué tampoco ha recibido nada.

La construcción de la presa es un asunto que se ha politizado, pues aseguran que quienes están a favor son del PRI y quienes están en contra son del PRD.

Y esto repercute en que ni priístas ni perredistas reciban los apoyos. “Aquí vinieron, los del gobierno pero la autoridad los corrió, dijo que somos traidores los que nos inscribimos, pero esto sirvió de pretexto para que ya no regresaran”.

En la comunidad, el agente municipal Luis Hernández está indispuesto para la entrevista. Su estado de ebriedad no le permite hilar sus respuestas. Sólo atina balbuceante a decir que “la presa no pasará” y se molesta al observar a extraños en la localidad.

El apoyo que recibió la gente durante las contingencias constó de colchonetas individuales, algunas las conservan enrolladas sin ocuparlas, y 15 láminas, que les sirven de techo de paredes, aunque hay algunas sin utilidad.

El 13 de noviembre de 2013, en un comunicado de prensa, el gobierno de Oaxaca informó que coadyuvó en la reparación de 10 mil 223 viviendas que sufrieron afectaciones por Ingrid y Manuel, además de destinar en ese año, 58.6 millones para la reconstrucción de la Costa.

En aquella ocasión, Gabino Cué entregó indemnizaciones a 3 mil 500 campesinos y ganaderos por 13.7 millones de pesos del Programa de Seguro Castrófico; sin embargo, en este año, por Trudy, tampoco fueron consideradas las afectaciones en cultivo de papaya, ajonjolí, maíz y otros productos agrícolas de la región.

Grandes extensiones permanecen bajo el agua, el ganado también está en zonas inundadas, pero no han permitido el censo de daños por la postura de las autoridades locales de rechazar cualquier apoyo del gobierno y por la que han asumido autoridades federales y del estado, quienes ya no han vuelto a este lugar, considerado estratégico por el paso del río Verde.

Cuando crece este río, el agua sube más de metro y medio de su nivel y en cada temporada, explican los habitantes, las viviendas más pobres sufren las consecuencias de la fuerza de la naturaleza y del olvido gubernamental.