Habitantes del poblado Unión Juárez en el municipio de La Trinitaria,  suspendieron el suministro de energía eléctrica y de agua potable a 25 familias evangélicos, acusadas de negarse a cooperar cada una, 500 pesos para las fiestas católicas comunitarias.

Luis  Antonio Herrera, representante de los agraviados explicó que el conflicto en aquella zona fronteriza con Guatemala, inició el 11 de este mes, cuando un hombre llamado Aarón López Espinosa intentó conectar  el servicio de agua potable y energía eléctrica en una casa recién construida.

Esto, luego de que las autoridades ejidales le advirtieron que se presentara a la asamblea que decidiría si se proporcionaban o rechazaban tales servicios.

Herrera señaló que a las familias evangélicas de la iglesia evangélica Monte Tabor se les impide asistir a la asamblea general,  y que  desde 2010 les restringen la utilización  y consumo de leña y los beneficios de programas institucionales de carácter social.

Entrevistado, el denunciante dijo que el  día que Aarón López, intento instalar  el servicio de agua, acompañado de policías estatales,  fue retenido junto con  éstos.

Los agentes  y dos patrullas fueron liberados diez horas después, lo mismo  se hizo posteriormente con Aarón.

Relató que como recurso de presión el día de los hechos, los católicos cortaron  la energía a las  25 familias, dos días después les suprimieron el agua potable y colocaron "cadenas en los accesos para impedir que saliera, o que amigos o familiares los visitaran".

Asimismo, dispusieron de guardias para revisar los vehículos, como también se organizaron para mantener la colocación de cadenas... así que los evangélicos permanecieron en sus viviendas sin que pudiera salir desde ese día"

El  17 de este mes en una reunión de las partes en conflicto, en el Palacio de Gobierno, los agraviados reclamaron su derecho constitucional a  la libertad de culto, y que no se les obligue a participar y cooperar económicamente  en festividades religiosas distintas  al credo que profesan.

Herrera precisó que las autoridades ejidales " pretenden  a la fuerza , imponerles la cooperación,  con la amenaza de que  " si no cumplen les seguirán restringiendo, la luz,  el agua y la leña, y no  recibirán visitas de familiares, ni beneficios del banco de arena como tampoco el pago por servicios ambientales ejidales".

Luis Antonio Herrera puntualizó que por la violación a sus derechos humanos y garantías individuales, los agraviados  presentaron una queja  a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

crs