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Durante los últimos tres años han ido en aumento los incidentes en penales estatales y federales, al pasar de 52 en 2011 a 117 en lo que va de 2013, de acuerdo con el tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.

Dijo que el organismo ha documentado de 2010 a la fecha 309 incidentes en penales del país, en los que han muerto 617 internos (422 en riñas, 85 en homicidios y 25 en intentos de fuga, entre otros).

Además, señaló, aún prevalecen los autogobiernos y cogobiernos en las cárceles, cuando menos en 60% de los centros penitenciarios del país, como se dio a conocer el año pasado, aunque esa cifra podría modificarse en el informe más reciente, que en breve dará a conocer el ómbudsman nacional, en el que “habrá sorpresas”, dijo.

“El panorama de la situación que guardan las cárceles en nuestro país es complejo, el abandono que han tenido esos espacios es importante, la grave situación que priva dentro del sistema es compleja. (...) Sigue siendo un panorama caótico, desgraciadamente la enquistada subcultura burocrática y penitenciaria de extorsión, violencia y desatención prevaleciente en los centros penitenciaros, ha generado el incremento de la violencia”.

Incluso, agregó, la gran parte de los internos en el país son víctimas de extorsión por parte de los grupos predominantes en los penales, así como la corrupción y tolerancia a la corrupción son una constante, en una fórmula estructural añeja.

Elena Azaola, experta en temas de seguridad, coincidió en que “se invierte poquísimo en los penales, hay poco personal y muy mal pagado, la corrupción sigue creciendo tremendamente y la gran mayoría de los presos es gente pobre, la gran mayoría han cometido delitos no graves”, dijo.

Pero no es un tema de dinero, agregó, “porque ahora vemos que están entrando las empresas a las prisiones, invirtiendo grandes sumas de dinero y que recuperan con creces, con convenios que han establecido con el gobierno y que no se ve muy claramente por qué el gobierno ha aceptado suscribir esos convenios que son sumamente costosos”.

Un ejemplo, dijo la investigadora, es que mientras el costo al día de un interno en un penal estatal es de 150 pesos en promedio, en los federales, le entregan a la iniciativa privada más de mil 500 pesos.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 2 octubre que la CNDH detectó serias irregularidades en el penal número 11 de Hermosillo, Sonora, uno de los nuevos Centros Federales de Readaptación Social de máxima seguridad en cuya construcción y operación participó la iniciativa privada.

La investigación del organismo reveló que el costo diario para la atención de un reo en este lugar es de mil 670 pesos.

Azaola recordó que el gobierno federal anunció que van a seguir haciendo esos centros, sin que haya una mínima evaluacion de costo-beneficio. “Hay cárceles donde están en una situación extrema, bajo el control de diversos grupos, como en Nuevo León”.

La Asociación en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) recientemente señaló que la situación de los penales es alarmante en la entidad, según los reportes de los mismos internos y sus familiares, pues los presos están en permanente riesgo de ser torturados o asesinados. La sobrepoblación en los tres penales es de 46%, dijo.

En su reporte 2013, señala que “tanta diferencia entre capacidad instalada y población real recluida, pone en riesgo tanto a los internos como a las autoridades o personal administrativo. Un lugar con sobrepoblación no es lugar para poder cumplir una condena, porque se convierte en un espacio propicio para la degradación humana, provocada por la seria situación de hacinamiento”.

Agregó que un ejemplo de las consecuencias de la desorganización en penales, fue lo ocurrido en la madrugada del 19 de febrero de 2012, cuando en el centro penitenciario de Apodaca “44 internos fueron masacrados por reos vinculados con la delincuencia y otros 37 se fugaron”.

Sobrepoblación de 25%

Otra de las condiciones que abonan al clima de violencia, y que forma parte de las debilidades del sistema penitenciario, es la falta de personal y el hacinamiento, que contrasta con las condiciones de privilegio para algunos presos, pues la CNDH ha detectado que mientras en una celda hay una persona, en otra pueden meter a decenas, indicó Aguirre Aguilar.

En su diagnóstico, el tecer visitador del organismo destacó la sobrepoblación como otra de las situaciones prevalecientes, con un porcentaje de entre 25% y 26%. Cifras del gobierno federal señalan que hay 216 mil internos en los más de 400 penales del país, mientras que la capacidad es para 169 mil.

Ese clima de violencia ha ido en aumento, dijo. El registro de la CNDH en lo que va del año suma 117 incidentes, con 108 personas fallecidas, 224 heridos y 60 fugas; en los hechos se han involucrado 392 personas.

Sin embargo, comentó, mientras el número de incidentes crece, los fallecimientos van en descenso: en 2011 se presentaron 52 incidencias, con 171 fallecidos; en 2012, 73 con 154 fallecidos y en 2013 van 117, con 108 muertos.

Entre los casos más recientes está Tamaulipas, donde se han registrado seis incidentes este año, en los penales de Nuevo Laredo, Altamira y Reynosa, con al menos 27 muertos; el 4 de enero de 2012, en el Centro de Readapatación Social de Altamira, una gresca entre reos dejó 31 muertos.

Sin cumplir la Constitución

Aguirre Aguilar añadió que los ejes básicos establecidos en la Constitución para lograr la reinserción de los internos en la sociedad no se cumple, los cuales son la posibilidad de recibir capacitación para el trabajo, salud, actividades deportivas o poder laborar dentos de los centros penitenciarios.

Ello se debe, consideró, a que en estados y gobierno federal no se ha podido construir una política penitenciaria articulada e integral, aunque destacó que el actual gobierno ha tenido un cambio de actitud importante, “pero hasta ahora no se traducen en acciones de manera concreta, aunque hay la intención de transformar el sistema”. En especial, se refirió al tema de juicios, donde aún hay deficiencias.

“La deficiente actuación de las autoridades penitenciarias genera violación a los derechos humanos de los internos, lo cual los coloca en calidad de víctimas; sin embargo, genera otro efecto: las víctimas originarias de los delitos se sienten indignados, con razón, por esta condición de víctimas de los internos; no se entiende (su vulnerabilidad) por la deficiente actuación de las autoridades, cargando en contra de los organismos de derechos humanos, con el discurso de que defienden a los delincuentes”.

Las entidades con los 10 penales con menor calificación en cuanto a las condiciones de vida de los internos son Coahuila, Nayarit (2), Guerrero, Tabasco (2), Oaxaca (2), DF y Nuevo León, con puntajes de 4.01 a 5.27. Incluso, en el caso de Coahuila, la CNDH acota que se le calificó con “0”, pues en “el centro de reinserción social de Piedras Negras, la autoridad penitenciaria señaló que no existían las condiciones de seguridad para el ingreso del personal de la CNDH”.

Condiciones infrahumanas

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, coincide en que no existe en el país un auténtico sistema penitenciario ni de reinserción social, a pesar de que la mayoría de los presos se encuentran recluidos por delitos no graves.

Las cárceles no cumplen con las funciones para las que fueron creadas, y no hay conciencia por parte de los gobernantes de los graves efectos que tiene que desatender; esa es la principal falla, que los presos quedan relegados, dijo la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

“No se visualiza los daños que regresan a la sociedad de múltiples maneras, con la manera en que se trata a los prisioneros, están en condiciones infrahumanas, en una situación degradación de la condición humana”, comentó.

Sobre los autogobiernos y cogobiernos, indicó: “Estado ni interviene, ni cuida, ni tiene la capacidad de recuperar el control, por lo que grupos delicuenciales someten al resto de presos, los golpean, les quitan comida, espacios y bienes”.