En abril de 2007 inició la polémica, luego de que la Asamblea Legislativa del DF aprobó modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud, mediante las cuales se despenalizó el aborto, al permitir a las mujeres decidir interrumpir el embarazo de manera voluntaria hasta la semana 12 de gestación.

En contraste, la Constitución de Baja California estipula que el aborto es un delito bajo cualquier circunstancia, es decir, no establece ninguna causal absolutoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió recursos de inconstitucionalidad en ambos casos, pero los ministros validaron las reformas de las dos entidades al considerar que son soberanas al emanar sus normas.

A seis años de que entró en vigor la ley en la capital, 98 mil mujeres han interrumpido su embarazo. Según cifras de la Secretaría de Salud local, 73% de quienes abortan son del DF, 23%, del Estado de México, y 4% de otras entidades.