Las detenciones y allanamientos ordenados por el presidente Nicolás Maduro en distintas ciudades, violan la Constitución Nacional y ponen en duda la calidad de la democracia venezolana, afirmó hoy la jurista Cecilia Sosa.

"Sólo los jueces pueden ordenar detenciones y que se sepa Nicolás Maduro no lo es", precisó la ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) del quinto país productor mundial de petróleo.

Sosa dijo que Maduro no es el único en creerse jefe del Poder Judicial, ya que "esto viene ocurriendo desde que el fallecido Hugo Chávez criticó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por no dictaminar que el 11 de abril de 2002 hubo golpe de Estado" en su contra.

Ahora, Maduro ejecuta además "un plan especial militarizado para entrar a las urbanizaciones de clase media y clase alta y apresar a los guarimberos" (como llama a manifestantes opositores), medida que repudian y rechazan los residentes de esos sectores sociales".

Además, la ex magistrada y catedrática jubilada de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV) resaltó que no se puede arrestar o detener a nadie sin orden judicial, a menos que esté cometiendo un delito y sea sorprendida in fraganti.

"El ordenar detenciones y allanamientos en abierta violación a la normativa constitucional, como lo hace el presidente Nicolás Maduro, revela que estamos en una situación peor que en un Estado de Excepción porque allí al menos hay reglas", afirmó la ex jueza.

Sosa reiteró que en Venezuela ninguna ley faculta al jefe de Estado a ordenar detenciones y allanamientos a la propiedad privada, y sentenció que hacerlo, es entrometerse en el ámbito judicial, "una gran arbitrariedad inaceptable en una sociedad democrática".

"Por otra parte, el hogar doméstico es inviolable y no puede ser allanado sin mediar orden judicial para impedir la perpetración de un delito, como lo establece el artículo 47 de la Carta Magna, sin embargo esta normativa ha sido violada por el Ejecutivo", añadió.

Tras insistir que sólo jueces pueden ordenar la detención de una persona o la inspección de su hogar, la jurista aseveró que el mandatario solo podría pedirle al Ministerio Público que se abra una investigación respecto a cualquier presunto delito.

"Sin embargo, en este caso no sería necesario debido a tratarse de alteraciones del orden público, frente a los cuales la policía y el Ministerio Publico deben actuar de oficio, es decir, sin que nadie se los pida", afirmó finalmente la ex magistrada.

ahc