El jefe policial de Arizona, Joe Arpaio, expresó su rechazo al nombramiento de un observador independiente y a otras acciones frente a la conclusión de un juez de que su agencia había montado operativos específicamente contra hispanos, de acuerdo con un documento presentado el viernes ante una corte.

La postura de Arpaio podría resultar en que un juez ordene a su oficina en el condado de Maricopa que acate las obligaciones constitucionales que prohíben ese proceder.

En mayo, el juez federal Murray Snow determinó que la oficina de Arpaio efectuó acciones específicamente contra hispanos y que los agentes prolongaron sin motivo las detenciones de personas con esos rasgos. Estas aseveraciones constituyeron la primera vez que un tribunal concluyó que esa agencia policial procedió contra personas por su aspecto racial. La oficina de Arpaio ha presentado la apelación.

Snow demoró en junio la emisión de órdenes en el caso, después de que ambas partes indicaran que querían tiempo para lograr un acuerdo. Las partes presentaron el viernes un documento en el que indicaron que el juez debía conceder más orientación durante la conferencia del 30 de agosto sobre la situación jurídica del asunto ante las discrepancias sobre el acuerdo de avenencia que se había propuesto.

En el documento, las partes indicaron que han "emprendido conversaciones de buena fe" y pudieron ponerse de acuerdo en algunas condiciones, pero continuaban enfrentados en varios puntos importantes, como tener un observador asignado por la corte para que supervise que el departamento cumpla con el fallo del tribunal.

Snow emitió en mayo la decisión después de que un pequeño grupo de hispanos demandara a la oficina de Arpaio, a la que acusaron de violar sus derechos constitucionales.

El jefe policial rechazó en 2012 una propuesta similar cuando el Departamento de Justicia presentó contra la agencia denuncias de que obraba específicamente contra personas por su aspecto racial.

Arpaio dijo que permitir a un observador implica que toda decisión de política tendrá que ser aprobada por esa persona y esto anularía la autoridad del jefe policial. "Si la corte nombra al observador, la función y autoridad de esa persona deben ser conciliados para que esa función no suplante la autoridad de un jefe policial electo de acuerdo a la Constitución de Arizona y el estatuto de Arizona", escribieron los abogados en el documento más reciente.