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Editorial EL UNIVERSAL

Gangas con lo incautado

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humano ...





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    25 de agosto de 2011

    Está previsto en la ley que bienes muebles e inmuebles decomisados a defraudadores fiscales, contrabandistas y miembros del crimen organizado sean enajenados por el Estado mexicano y subastados para recuperar una parte importante de su valor. Sin embargo, resulta que el proceso posterior al decomiso es muy oscuro y se maneja bajo reglas que pocos conocen, con precios que alcanzan niveles absurdamente bajos, donde el que gana sólo es el que adquiere y no el que oferta —en este caso el gobierno federal—, con precios fuera de mercado.

    Se entiende la necesidad de sigilo en materia de almacenamiento de los bienes enajenados, también que las convocatorias no sean actos masivos que pongan en riesgo la integridad física de autoridades y compradores, pero no que sean eventos menos que privados, bajo reglas que nadie conoce y, peor todavía, donde se malbaratan las mercancías, al grado de que una casa de lujo pueda adquirirse hasta en 199 mil pesos, una camioneta en 10 mil pesos, un anillo de oro en 34 pesos o un celular en 10 pesos. Se deben conocer las razones.

    Este diario supo de los montos a los que han sido vendidos algunos bienes luego de obtener datos del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a través de una solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cuando lo procedente es que las reglas de operación de estos procesos sean todavía más transparentes, de tal suerte que la ciudadanía pueda saber cuáles son los criterios de valuación y oferta de bienes, los límites superiores e inferiores de precios que marca la ley para que el Estado no pierda en estas transacciones, y el precio final de lo vendido. Bajo el actual formato parece que todo queda a la discreción de unas cuantas personas, que deciden bajo condiciones cambiantes.

    Lo incautado a delincuentes o a quienes incumplieron con el fisco no es un botín al que sólo unos cuantos privilegiados puedan tener acceso. Son bienes que han pasado a la administración del Estado para ser rematados, no regalados. Se requiere quitarle opacidad a la normatividad que rige estos procesos y no generar suspicacias de que detrás de estos hay un movimiento paralelo y no reportado de recursos, en agravio al erario, donde alguien se beneficia, pero no el país.

    Lo incautado debe regresar a la sociedad; a empresarios que le den uso responsable y productivo; a ciudadanos de buena fe que paguen por ellos lo que el mercado dicte, no más no menos, con reglas claras y a la vista de todos.



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