Opinion

El presupuesto anual que se aprueba en la Cámara de Diputados se parece cada día más a los dulces de la piñata que, cuando se quiebra, suele terminar en los bolsillos de los niños más gandallas. El reparto de lo que técnicamente se llama gasto no programado hoy incumple con la racionalidad deseable.

Los gobernadores y sus bancadas presionan por dinero y el número de votos que cada sub fracción tiene termina importando más que la viabilidad de las obras públicas, la seriedad de los proyectos o la capacidad para ejecutar las políticas y los programas.

La pugna por los recursos que asigna la Federación merecería resolverse de otra manera. Si se tiene una convicción honesta por los principios federalistas, nadie podría oponerse a que sean las autoridades locales quienes cada vez tengan mayor responsabilidad sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La cercanía que ellas tienen con la demanda ciudadana y el conocimiento próximo de los problemas de la gente son argumentos que, al menos en la teoría, les harían mejores a la hora de planear y ejecutar la obra pública y los programas de desarrollo de las regiones.

A partir de esta premisa es que resulta interesante la exigencia de Humberto Moreira, presidente del PRI, en el sentido de incrementar, en por lo menos un tercio, las participaciones que la Federación hará a los estados de la República para el año próximo.

Sin embargo, cuando se habla del tema fiscal resulta harto conveniente no sólo hacer referencia a los egresos, sino también a lo ingresos. Si los estados que constituyen la República mexicana cuentan hoy con recursos escasos, tal cosa no se debe tanto a que la Federación se reserve avaramente para sí el tesoro público cuanto a que los gobiernos regionales han padecido en materia recaudatoria una gran pereza fiscal.

No se puede uno llenar la boca de cantatas federalistas si lo que en realidad se quiere es que la Federación siga cobrando la gran mayoría de los impuestos, (porque así sólo ella paga costos políticos ante los ciudadanos), para que luego las entidades federativas eroguen los dineros públicos como se les viene en gana.

Si para 2012 se quieren incrementar las participaciones federales en un tercio, para ser serios los legisladores habrían también de forzar a que crezca en una proporción similar la capacidad recaudatoria de los estados y los municipios.

En vez de ello, lo que se escucha es desaparecer el IETU, eliminar la tenencia, no hacer ningún esfuerzo con los impuestos al alcohol y al tabaco, no tocar el impuesto predial, en fin, nada que vuelva a los gobernadores corresponsables de aportar al tesoro público.

Algunos políticos locales andan con gran apetito pero no están dispuestos a contribuir con un céntimo a la hora de cubrir la cuenta.

Ora que esta forma de irresponsabilidad fiscal no es la más grave. El manto de opacidad que impide neciamente la rendición de cuentas a nivel local hace todavía más peligrosa la iniciativa priísta.

A diferencia de los recursos que eroga la Federación, lamentablemente en nuestro país los dineros gastados por las autoridades de los estados y los municipios siguen sin ser objeto de rigurosa vigilancia.

Mientras la pluralidad en la Cámara de Diputados y el funcionamiento cada vez más conveniente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacen que las erogaciones del Ejecutivo federal tengan encima una potente lámpara para conjurar desviaciones, peculado o corruptelas, en el ámbito del gobierno local las cosas se parecen mucho a como eran en el pasado.

En efecto, ni la rendición de cuentas, ni la transparencia son principios —mucho menos prácticas— que hayan echado raíces en la vida regional del Estado mexicano. Como dice Mauricio Merino, ahí no hay cuentas, ni responsables, ni mecanismos para que unas y otros ocurran pronto.

Basta con revisar las auditorías de la ASF a los dineros federales que fueron a parar a las autoridades locales para descubrir el nivel de impericia y corrupción que predomina en esa coordenada del Estado mexicano.

Peor aún resultan las cosas cuando los señalamientos hechos por esta institución son frecuentemente archivados en el último cajón, del último mueble, del último sótano de la dependencia acusada.

Si el gobierno local sigue sin cobrar impuestos y es inmune a la rendición de cuentas, los dineros de los mexicanos no deben caer en sus manos. La propuesta de mejorar la asignación presupuestal para los Estados tendría que verse acompañada por una propuesta federalista mejor integrada, no sólo en los egresos sino también en cuanto a las responsabilidades.

Analista político