Opinion

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En los bordes de la ciudad se han ido acumulando desarrollos habitacionales cada vez más cerrados y aislados. No hablo de los grandes desarrollos de interés social a los costados de autopistas o en municipios recientemente rurales, sino de los desarrollos de lujo que se concentran en lugares como Santa Fe, Huixquilucan y Lerma.

Estos desarrollos pretenden desvincularse casi por completo de la vida defeña al bardearse o construirse en lugares donde la geografía los hace inaccesibles para quienes no tengan algo muy parecido a un mapa secreto que les permita llegar.

En terrenos de varias hectáreas se construyen calles, edificios, restaurantes, casas y campos de golf que son casi imposibles de identificar en los planos catastrales o incluso en Google Maps.

Algunos de estos lugares, que poco a poco han ido endureciendo su imagen de guetos para ricos, tienen reglas estrictas sobre el comportamiento de las personas dentro del desarrollo, y claro, en muchos se reservan el derecho de admisión a personas que no puedan acreditar su “solvencia moral; costumbres y tipo de vida familiar”.

Es decir, estos lugares no se erigen con barreras únicamente determinadas por el mercado inmobiliario o un conjunto de servicios que puedan comprarse y venderse, sino por una evaluación que los integrantes de una comunidad voluntaria hacen sobre quienes quieren ser admitidos.

No cuestiono el estatus legal de este tipo de desarrollos ni lo que muchos consideran un “derecho” a vivir en donde mejor se le antoje con quien mejor se le antoje. Lo que cuestiono es el deseo, que por lo visto no deja de crecer, de vivir en lugares donde uno puede controlar de manera excesiva el comportamiento y las características de las personas con las que convive.

Lugares donde los trabajadores de servicios y domésticos tienen un espacio determinado de estancia, y no pueden compartir la entrada con los propietarios. Lugares donde una caseta de policía no es suficiente, y requiere de una segunda caseta para cerciorarse de que ni siquiera los exclusivos vecinos se le puedan acercar. Lugares donde uno no se enfrente a la incertidumbre de la calle y el espacio público, en nombre de la confianza y la vida calma.

El argumento más común en defensa de estos lugares, es el de la seguridad. Quienes deciden vivir en estas condiciones, tras murallas, tras policías, tras rejas, y tras cerraduras, lo hacen porque sólo así sienten calma. Anticipan que sus impuestos no serán usados en lo que ellos consideran importante: su seguridad física y la de sus propiedades.

Quizás no les encante pagar impuestos, pues no creen que tengan algún impacto en su sensación de seguridad, pero están dispuestos a pagar para aislarse de lo que no pueden controlar.

Los méritos de vivir dentro de una caja fuerte podrán tener alguna defensa, sin embargo temo que el deseo es de una sensación de seguridad que no está únicamente nutrida por una definición precisa de crímenes, como el robo, secuestro y asesinato.

Sospecho que es una sensación que tiene más que ver con un miedo a convivir (en un lugar tan impersonal como la calle) de manera imprevista con quien es diferente por razones de clase, raza o “costumbres”, y que por serlo son sospechosos a priori de ser criminales en potencia.

Por esta última razón temo que esta sensación de seguridad, que parece haberse construido a lo largo del tiempo de manera casi involuntaria, no sólo concierne a quienes optan por vivir dentro de la caja fuerte, sino al resto de la ciudad.

Me pregunto qué tan sostenible es una sociedad en la que cada vez hay más integrantes que le tienen miedo a los otros, simplemente por la forma de ser. Me pregunto qué es lo deseable de convivir exclusivamente a personas de la misma clase social.

Me pregunto también si no hay otras formas y métodos más eficientes, más agradables, y menos excluyentes para reducir la ansiedad que tantas personas sienten con respecto a su relación con los demás, o parar reducir la desconfianza que les representan los habitantes del barrio de al lado.