Opinion

El domingo 13 de noviembre, en un entorno sembrado de riesgos, los michoacanos elegirán autoridades. Los hechos perturbadores se agolpan. Mucho antes de aquella noche de septiembre de 2006, en que las cabezas de cinco hombres fueron arrojadas en la pista de baile del antro Luz y Sombra, en Uruapan, el crimen organizado ya había mostrado quién manda en Michoacán.

El 5 de enero de 2004 un comando integrado por un centenar de zetas, entonces brazo armado del cártel del Golfo, tomó por asalto el penal federal de Apatzingán para liberar a tres pistoleros de Osiel Cárdenas y secuestrar a dos sicarios del cártel enemigo de los Valencia.

En los últimos años no han cesado las malas noticias en esa entidad: los bombazos en Morelia la noche del grito, el desafuero de Julio César Godoy, la ofensiva de La Familia Michoacana contra alojamientos de la Policía Federal en 2009 (64 miembros de esa corporación han sido ejecutados en los últimos tres años), el asesinato de autoridades locales, el atentado sufrido por la secretaria de Seguridad Pública del estado ante la inacción culpable de sus subalternos, el michoacanazo que terminó en un fiasco… Hoy es evidente que en Michoacán, los criminales cuentan con algo más que la protección política de autoridades municipales, estatales y federales: su rendición.

El 11 de diciembre de 2006, cuando apenas arrancaba su administración, el presidente Calderón ordenó la Operación Conjunta Michoacán: el despliegue de más de 6 mil elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada y la Secretaría de Seguridad Pública que, según afirmó Francisco Ramírez Acuña —entonces secretario de Gobernación— traería “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado; recuperación que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades”.

No hubo tal. Hoy, una parte crucial de la Tierra Caliente (“allí donde hay pobreza de a de veras”, como dijo en febrero de 2006 Calderón) ha sido sustraída de la autoridad pública. Lo ocurrido en días pasados, el secuestro en Apatzingán de seis encuestadores de Consulta Mitofsky, tres de Parametría y de cinco empleados de la Sección Amarilla, porta un mensaje oprobioso. Nadie puede entrar sin la aprobación de “los dueños” de Apatzingán.

En 1987 Michoacán dotó de bases sociales a la Corriente Democrática, aquella fracción crítica dentro del Revolucionario Institucional que fundaron Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, desde entonces prevaleció la izquierda en esa entidad. Pero hoy, el desgaste en el ejercicio del poder, la ineptitud, la corrupción y sus saldos lastimosos constituyen ingredientes que parecen anticipar la alternancia.

El candidato perredista, Silvano Aureoles, secretario de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, ex diputado federal y actualmente senador con licencia, tiene pocas posibilidades de triunfo. El PRI va con Fausto Vallejo, un político probado como candidato y gobernante: tres veces presidente municipal de Morelia, en dos de ellas por elección. Acción Nacional, por su lado, postula a Luisa María Calderón, una política con trayectoria propia que ha mostrado el coraje para remar contra la corriente, pero cuya candidatura, dadas las condiciones sociopolíticas en el estado, es temeraria.

En Michoacán la delincuencia organizada ha adoptado trazos singulares: La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios, resultan difíciles de descifrar y desarticular por la solidez que les aporta esa mixtura extraña de religiosidad, localismo y violencia: la reivindicación de lo michoacano desde una perspectiva sectaria que impone a sus integrantes el “voto del silencio”, un catecismo y predicadores que postulan “las causas justas de Dios”. Y, como ocurre en otras partes del país, la agricultura del narco dispone del respaldo de muchos miles de miembros de las comunidades que encuentran en la siembra de la mariguana y la amapola una manera de (sobre)vivir.

Por todo ello y más, el proceso electoral entraña una amenaza que perturba a todo el país. La dureza de la guerra que han dado las fuerzas federales contra los cárteles michoacanos puede llevar a decodificar la postulación de Luisa María Calderón como una provocación. Será muy difícil garantizar la integridad física de la hermana desobediente frente a quienes quisieran cobrarse en ella las fracturas de esta guerra, y un atentado contra la hermana del Presidente de la República, fallido o no, generaría severos desarreglos sociopolíticos.

@alfonsozarate

Presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario