Opinion

En las últimas décadas, los mexicanos hemos dado pasos decisivos hacia la democracia y la pluralidad política. En particular, destacan los logros alcanzados en materia electoral: hoy tenemos procesos equitativos, competidos, transparentes y vigilados. Sin embargo, esta transición se ha quedado limitada al terreno electoral y no ha logrado evolucionar hacia una democracia de resultados.

En ese sentido, tenemos un Estado ineficaz que no ha logrado garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos a todos los mexicanos. Por ejemplo, si bien la protección de la salud es un derecho constitucional, millones de mexicanos no tienen acceso real a ella. Según el Censo 2010, más de cuatro de cada 10 localidades rurales no cuentan siquiera con una clínica. Por otro lado, la crisis de violencia e impunidad por la que atraviesa el país vulnera derechos básicos como el derecho a la seguridad y a la justicia pronta, expedita e imparcial. La lista de los derechos que no han pasado del papel a la práctica sigue siendo considerable.

La construcción de un Estado eficaz que logre cerrar la brecha entre los derechos por escrito y el ejercicio de los derechos en la realidad hace necesaria una reforma política de gran alcance. En este mismo espacio (EL UNIVERSAL, 16/03/2010) he expuesto ya algunos elementos que considero deberían ser ejes de la misma. Por su parte, las reformas en materia política aprobadas por el Senado de la República contienen, sin lugar a dudas, aspectos valiosos para la vida pública nacional.

Me parecen positivas las reformas que buscan ampliar la participación ciudadana y los derechos políticos de los mexicanos. La iniciativa ciudadana es una herramienta directa con la que los ciudadanos podrían incidir activamente en la agenda legislativa, mientras que la consulta popular permitiría a la ciudadanía opinar sobre temas trascendentales para la nación. Ambos instrumentos requerirán de una buena regulación para evitar que operen con fines antidemocráticos. Se deberá cuidar que la iniciativa ciudadana realmente atienda inquietudes de la sociedad y que la consulta popular no dé lugar a tentaciones autoritarias.

Por su parte, las candidaturas independientes podrían impulsar la competitividad de los partidos políticos al obligarlos a estar más cerca de la ciudadanía y a atender más efectivamente las demandas sociales. Sin embargo, será conveniente poner especial atención en la regulación de temas potencialmente problemáticos como las fuentes de financiamiento de las campañas.

La iniciativa preferente permitiría al presidente presentar claramente las prioridades de su agenda de gobierno ante el Congreso. Las reformas relativas a llenar vacíos en materia política y económica (sustitución presidencial y reconducción presupuestal) me parecen relevantes para dar certidumbre y estabilidad en casos extraordinarios. Mientras que la ratificación legislativa de comisionados de órganos reguladores es importante para cuidar que quienes accedan a estos cargos lo hagan por su experiencia y capacidad profesional, y no exclusivamente por su militancia partidista o sus relaciones personales.

Por el contrario, no me parece evidente la conveniencia de la reelección legislativa. Muchos analistas argumentan que la reelección consecutiva mejoraría la vinculación entre la ciudadanía y sus representates. Sin embargo, en la práctica, como se ha observado en otras latitudes, más que estrecharse la vinculación con los ciudadanos, la reelección consecutiva podría estrechar de manera desmedida la relación entre grupos de interés económico y los representantes populares, lo que podría llevar a que el Congreso quedara capturado por un conjunto de intereses particulares que, además de desvirtuar la esencia de la representación popular, dificultarían aún más la construcción de acuerdos para reformas de gran trascendencia.

Por otro lado, también me preocupa que la reelección consecutiva perpetúe en posiciones clave a los mismos actores sin permitir la renovación de los cuadros políticos. En EU, por ejemplo, la tasa de reelección de los miembros del Congreso es de alrededor del 90%, mientras que la aprobación de su trabajo oscila en el 20% (Gallup, 2010). De igual forma, aceptar la reelección legislativa consecutiva podría abrir la puerta, como ha sucedido en muchos países de América Latina, a la reelección del Ejecutivo, la cual, como lo ha mostrado nuestra historia, tiene el potencial de convertirse en una fuente de conflictos políticos y tentaciones autoritarias.

Por último, el caso de la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea Legislativa del DF me remite al gran tema faltante: la construcción de mayorías parlamentarias. En el Senado, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Convergencia y el PVEM votaron mayoritariamente por elevar el porcentaje de votación necesaria para obtener mayoría absoluta en la ALDF. Al hacerlo, avalaron este mecanismo democrático para construir mayorías.

Como lo he dicho anteriormente, la cláusula de gobernabilidad, que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtuviera una mayoría relativa de alrededor del 40% de la votación, es un mecanismo democrático viable para alcanzar mayorías parlamentarias. Otra opción, la más necesaria, sería eliminar la cláusula que limita la sobrerrepresentación del 8% en la Cámara de Diputados. En un contexto plenamente democrático, resulta absurdo poner un freno a la formación de mayorías. Estas y otras fórmulas para construir mayorías, como la reducción de legisladores plurinominales, deberían de ser incorporadas al debate.

México requiere con urgencia una democracia de resultados que haga realidad en la vida cotidiana de los ciudadanos, los derechos que nuestras leyes prometen. Por ello, deseo que el Poder Legislativo siga trabajando para modernizar y dar mayor eficacia a nuestro sistema político.

*Gobernador del Estado de México