Opinion

Las armas que asesinan a miles de personas cada año en México provienen, en su gran mayoría, de Estados Unidos. Los dólares que se necesitan para comprar esas armas salen, principalmente, de los millones de estadounidenses consumidores. Por lo tanto, cualquier intento por destruir a los cárteles del narcotráfico será inútil en tanto dólares y armas sigan fluyendo libremente a través de la frontera norte.

Se trata de una fórmula causa-efecto muy sencilla, que sin embargo Estados Unidos no ha sido capaz de asimilar en una sola y potente política de salud y de seguridad.

Para fortuna de todos, el gobierno de Obama ha dado muestras de entender la raíz del problema. Primero reconoció la responsabilidad de su país, después mantuvo la cooperación policial y militar con México, inaugurada con Bush. Ahora su gobierno elabora importantes diagnósticos sobre la venta de armas y el consumo de drogas y lanza medidas al respecto.

De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF en inglés) 30% de las ventas de los rifles de asalto en las armerías estadounidenses son realizadas por compradores frecuentes o testaferros. El perfil encaja perfectamente con los traficantes que abastecen a los cárteles. Con ese argumento el gobierno de Obama decidió que las armerías tendrán que impedir la venta de armas de alto poder a la misma persona en un periodo de cinco días. Además, les instruyó avisar al gobierno federal cuando detecten compradores constantes de dichos rifles.

Es un avance insuficiente, pero explicable debido al enorme poder en Estados Unidos de las asociaciones conservadoras promotoras del “derecho” —protegido por la segunda enmienda— a poseer armas.

Lo mismo sucede en el caso del consumo de drogas. Se empieza a hacer lo correcto, aunque sin la fuerza suficiente. El diagnóstico es claro: en la última década cada día 4 mil adolescentes se sumaron a la lista de consumidores. La respuesta del gobierno es invertir como nunca antes en prevención y rehabilitación de los adictos. El problema es que el plan convive con una contradicción: mientras Estados Unidos y México luchan por impedir la entrada de todo tipo de droga, 15 estados de la Unión Americana legalizan la mariguana.

En ambos rubros: armas y drogas, Estados Unidos avanza con una lentitud que contrasta con la velocidad del deterioro en las ciudades fronterizas. México requiere de más apoyo.

Necesitamos, como bloque de países —porque el narcotráfico es transnacional— definir de una vez por todas hacia dónde unificar los esfuerzos. Mientras no se ataque toda la cadena drogas-dinero-armas, la situación será cada vez peor para ambos.