Opinion

“Basado en la evidencia científica disponible en idioma inglés, los resultados […] sugieren que un incremento en las medidas policiales para fracturar los mercados de drogas no es probable que reduzca la violencia atribuible a los narcotraficantes. En cambio, desde una perspectiva de política pública basada en evidencia y con los datos disponibles de varias décadas, la información sugiere fuertemente que las medidas policiales contribuyen a la violencia armada y a los altos niveles de homicidios, mientras que los cada vez más sofisticados métodos para fracturar a las organizaciones de narcotraficantes pueden, de manera no intencional, también incrementar la violencia. En este contexto, y dado que la prohibición de las drogas no ha alcanzado su objetivo declarado de reducir su disponibilidad, deben ser considerados modelos alternativos, si de lo que se trata es de reducir significativamente la violencia asociada a aquéllas”.

Esta es la conclusión del estudio denominado Efectos de las medidas policiales en contra de la violencia asociada a las drogas: evidencia desde una revisión científica (International Centre for Science in Drug Policy, 2010). Se trata de los hallazgos producto de una revisión sistemática de más de 300 artículos, a partir de los cuales se aplicaron varios criterios de discriminación, para quedar sólo los 15 estudios que evaluaron el impacto en la violencia, a consecuencia de las medidas policiales contra las drogas. Al final, trece de ellos (87%) encontraron un impacto negativo, es decir, las medidas policiales incrementaron la violencia. La hipótesis original iba en sentido opuesto (las medidas policiales bajan la violencia) y fue refutada.

Estos hallazgos vienen al caso a propósito del encuentro sostenido en el Alcázar del Castillo de Chapultepec entre Felipe Calderón y Javier Sicilia. Dijo el Presidente que la violencia no es consecuencia de la intervención federal, sino que los operativos por él ordenados son producto de la violencia preexistente. Si lo sabe de cierto, es momento de presentar las pruebas de las que dispone.

Si la estrategia en curso es la mejor alternativa para el Presidente, significa que tiene evidencias que así lo demuestran. Quiere decir que ya evaluó los resultados. El diálogo tiene muchas dimensiones subjetivas y simbólicas relevantes, pero debe trascender las coordenadas intuitivas. La explicación oficial de las decisiones debe ser profunda, profesional, científica y técnica; explicación que excede los mensajes difundidos por Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y que nada tiene que ver con el dilema de actuar o no actuar, sino en cómo actuar.

El estudio citado abunda: “Específicamente, la investigación ha demostrado que remover actores clave del negocio lucrativo de las drogas ilegales puede tener el efecto perverso de crear incentivos financieros significativos para que otros individuos entren al mercado y llenen los vacíos creados […] La violencia puede ser una consecuencia natural de la prohibición de la droga, cuando los grupos compiten por ganancias masivas, sin contar con recursos formales de resolución no violenta de conflictos”. Todo indica que esto es exactamente lo que está pasando en México, en cuyo caso nuestro país es una representación extrema de algo que ya probó su disfuncionalidad. Si sucede que Calderón renuncia a pasar su estrategia por el filtro de la evidencia científica, o a mostrar que ya lo hizo, de todos modos se trata de un imperativo no menos que esencial para el futuro inmediato del país. El escenario más terrible es la continuidad de esta espiral de violencia por tiempo indefinido.

Twitter: @elpv68

Director ejecutivo para el Instituto para la Seguridad y la Democracia