Opinion

Los inicios del siglo XXI han sido infaustos para los mexicanos por la dimensión que han tomado algunos de los problemas más acuciantes, como la violencia, la pobreza o la escasez y baja calidad de los empleos formales, así como por el desgaste a que han estado sometidas las instituciones de la república.

En este tiempo se han exacerbado problemas de naturaleza y origen tan diversos como el deterioro de la calidad de vida, la lenta recuperación de la economía o la violencia. Son asuntos graves y es hora de reflexionar y rectificar. Son lícitas las aspiraciones electorales de cualquier ciudadano, aun de los servidores públicos en funciones en tanto acaten la ley, pero los tiempos políticos no deben paralizarnos, pues es mucho lo que hay por hacer y los problemas no esperan a que cambien las estaciones político-electorales.

Por ello, concluido el periodo ordinario de sesiones, los diputados del PRI y de las demás fracciones parlamentarias hemos seguido trabajando con seriedad y responsabilidad, pues nos toca tomar decisiones sobre reformas legales de gran trascendencia para el país. No debemos ni queremos hacerlo con apremios e impaciencias que pueden tener sentido en otras agendas políticas y electorales, pero no en la construcción y reforma de las leyes que nos han de regir a todos.

Las cámaras legislativas son instituciones colegiadas donde participan las fuerzas políticas más representativas de la sociedad y no se les puede arrebatar el derecho a debatir las iniciativas y minutas alegando discutibles premuras. Las leyes no deben aprobarse por caprichos, espontaneísmo, o por supuestas interpretaciones de “la voluntad popular”; para que la democracia funcione deben estar respaldadas por mayorías de distintos grados, según su importancia.

Así, las iniciativas son enviadas a las comisiones, donde se analizan, discuten y se escucha a los interesados, formen o no parte del Congreso de la Unión, y se formulan los dictámenes para que sean votados y, en su caso, aprobados por el pleno. Esto requiere de procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad que rige al Congreso, para asegurar la pertinencia de las leyes y que estén respaldadas por un consenso básico.

La minuta del Senado sobre la reforma política, que recibimos al finalizar el reciente periodo ordinario de sesiones, está siendo examinada y discutida, primero, en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juventino Castro y Castro, del PRD. Los diputados del PRI queremos que se incluya también la iniciativa que presentamos hace tiempo, que propone temas como que los jóvenes de 18 años puedan ser votados, la presentación personal del Informe por el presidente de la república ante el Congreso general y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, entre otros.

La Comisión de Gobernación, que preside el diputado Javier Corral, del PAN, está procesando la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, escuchando a los sectores que manifiestan reservas al proyecto de dictamen.

Nuestra legislación laboral ha estado vigente durante 40 años y ya no corresponde a las características de la economía y los mercados de trabajo del siglo XXI. Hay que definir reglas de juego claras y justas que propicien la conciliación, la creación de empleos y la armonía entre los factores de la producción. Por ello, seguiremos atendiendo las opiniones y demandas de todos los sectores, particularmente las de los representantes de los trabajadores y los empresarios.

Garantizar la paz social implica la armonía y la disposición al diálogo y la construcción de acuerdos, y eso deben hacer todas las fuerzas políticas, cuya heterogeneidad refleja la composición plural de la sociedad. La democracia no empieza ni termina en las contiendas electorales; se debe practicar todos los días en la búsqueda de consensos y en la negociación legítima y transparente. México no nacerá ni acabará en julio de 2012.

Los diputados estamos conscientes de que nuestro deber es hacer y reformar leyes, con la participación de todas las corrientes políticas, como corresponde a una democracia moderna. Las instituciones de la república son grandes activos y no deben seguir siendo erosionadas; al contrario, hay que preservarlas. México necesita acuerdos, pero culpar a los demás de todo y en todo momento no es el mejor camino para lograrlos.

Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados