Opinion

Habría que preguntarse qué hacemos con el Ejército, ahora que el Ejército se está preguntando qué hará con nosotros. Cada vez hay más evidencias de que el golpe fallido en contra de Jorge Hank Rhon no procedió de Los Pinos, sino del Ejército. Y como tenemos que asumir que los altos mandos de la zona militar sabían a quién pertenece esa casa (ignorarlo supone un insulto mayúsculo a su inteligencia), podemos inferir que el operativo tuvo implicaciones políticas motivadas por intereses castrenses sobre los cuales sólo podemos especular. Lo cierto es que la operación del Ejército en Tijuana nos deja en el umbral de una zona incierta y ambigua. Los generales están molestos con los políticos, y con razón, y han comenzado a moverse. Veamos.

A medida que se conocen más detalles de la operación, quedan en evidencia el desaseo jurídico y la torpeza de la investigación policiaca de Tijuana, aunque en términos militares haya sido impecable porque no se disparó un tiro y no hubo derramamiento de sangre.

Pero en todo lo demás se equivocaron. Desaparecieron los videos de la casa, que nunca entregaron a las autoridades, sin percatarse de que las cámaras del exterior de la residencia estaban conectadas a otro circuito (el Hipódromo); modificaron las horas en el reporte, sin valorar que la defensa podría demostrar lo contrario. Ni siquiera tomaron fotos del pretendido arsenal, que resultó que no estaba en la casa sino en una construcción dentro del predio. El argumento de la flagrancia terminó en el ridículo.

Frente a los hechos consumados de la aprehensión de Hank y su traslado a México, tanto la procuraduría federal como la estatal buscaron desesperadamente a posteriori pruebas más contundentes para poder arraigarlo, pero no estaban listos. La procuradora se enteró de la detención de Hank al concluir la operación. Efectivamente existe un expediente federal sobre investigación de lavado de dinero en los casinos de Caliente, y hay otra averiguación local sobre la presunta intervención en la muerte de su “nuera”, pero ambos aún incompletos. Incluso si aceptamos que el gobierno federal quería ir detrás de Hank, es evidente que el Ejército actuó antes de tiempo.

¿Qué razones podrían tener los militares para asestar un golpe capaz de sacudir a la clase política del país? La respuesta se divide en dos, dependiendo de si creemos que lo hicieron de buena o de mala fe. La primera supondría que fueron por Hank convencidos de que su aprehensión culminaría con su encarcelamiento. Bajo esta interpretación, el golpe habría sido motivado por la necesidad del Ejército de recuperar su alicaída imagen, luego de las acusaciones de ineficacia al comparársele con la Marina (wikileaks) y las continuas críticas por violaciones de derechos humanos. No es una idea descabellada. El Ejército está urgido de un campanazo luego de los “éxitos” de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Marina en la aprehensión de grandes capos, y qué mejor para lograrlo que contra uno de los intocables del país, de reconocida mala fama en la opinión pública.

Pero entonces tendríamos que preguntarnos por qué lo hicieron tan mal. El operativo es tan frágil para efectos jurídicos que da lugar a la especulación de si tal desaseo fue intencional. Bajo esta segunda hipótesis, la aprehensión de Hank con cargos tan endebles produciría un michoacanazo II , tal como pasó, con el consiguiente descrédito de PGR, PAN y en última instancia del Presidente. La objeción lógica a este argumento es que el primer desacreditado por el escándalo sería el propio Ejército.

Lo que sí sabemos es que los generales están molestos. Buena parte de ellos no ven con buenos ojos a la nueva procuradora Morales (entre otras cosas por ser mujer, aunque no exclusivamente) y están resentidos con el inmenso poder de García Luna, favorito del Presidente. Pero sobre todo están incómodos con el desgaste de credibilidad e imagen que su trabajo policiaco les ha ocasionado. Tienen muy poco que ganar y mucho que perder. Algunos generales quisieran regresar a sus cuarteles; pero otros prefieren una salida hacia delante: para derrotar al crimen organizado exigen más poder de combate y más facultades jurídicas y policiacas. Algo que la sociedad y la clase política se niegan a concederles.

Una cosa es cierta. Calderón introdujo al Ejército en el combate al narcotráfico por motivos políticos, para legitimar su balbuceante presidencia en los primeros días de gobierno. Violó una ley no escrita tan vieja como inexorable: involucrar al Ejército en asuntos de política interior inevitablemente les lleva a participar activamente en política interior. Me temo que acabamos de verlo.

www.jorgezepeda.net@jorgezepedap

Economista y sociólogo