Opinion

La detención de políticos presuntamente involucrados en hechos delictivos, implica necesariamente una confrontación entre poderes reales que se disputan espacios y en donde la legalidad tiende a moldearse en función de la presión que ejerza cada uno de los bandos. Cuando el presidencialismo absoluto gobernaba este país, los políticos que iban a la cárcel por violar la ley, lo hacían únicamente en función del interés del monarca sexenal. Así cayeron Jorge Díaz Serrano con Miguel de la Madrid, Joaquín Hernández Galicia La Quina con Salinas y Raúl Salinas con Zedillo, sólo por enumerar algunos de los casos de las llamadas venganzas personales de los gobernantes en turno.

No quiere decir con esto que los acusados eran todos inocentes, sino que su culpabilidad fue establecida en función de órdenes del Ejecutivo y no por un debido proceso judicial. Con el advenimiento de la alternancia y la finalización del poder absoluto en manos del presidente, los espacios para que el Ejecutivo obligase a un juez a dictar sentencia condenatoria contra sus enemigos, se redujeron notablemente. En este contexto las detenciones de Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mendiguchía se ubican en esta nueva realidad de políticos que desafían al poder establecido, teniendo una larga cola de asuntos que son fácilmente catalogados como ilegales.

La pregunta es por qué estos personajes suponen que no existe límite alguno para sus excesos y negocios ilícitos, y son sorprendidos cuando las detenciones se producen. La respuesta es clara: la impunidad en la que vivimos en un país con un Estado de derecho francamente primitivo hace de los poderosos entes superiores que se consideran inalcanzables por los brazos de una justicia inoperante y coja. La prepotencia de estos actores está en relación directa con la debilidad de un sistema judicial lento, contradictorio y fácilmente corruptible, aunado a la ausencia del temor que antes se tenía al poder presidencial hoy incapaz de imponer condiciones a los jueces.

Se sabe que Hank es dueño de una buena parte de Tijuana, y que los excesos propios de su excentricidad rebasan por mucho el marco legal. Sin embargo, como hombre de dinero y poder ha logrado sortear una y otra vez los intentos de aplicarle la justicia por parte de distintos gobiernos. A pesar de su lejanía con ciertos sectores del priísmo en la actualidad, Hank es un símbolo claro de las épocas del absolutismo presidencial, cuando su padre se convirtió en el maestro que más rápidamente se enriqueció en la historia de este país, no siendo igualado por nadie, incluyendo a la maestra Elba Esther Gordillo.

Independientemente de cómo se originó la denuncia que lo envió a prisión, la acción federal representa un ajuste de cuentas con ese pasado autoritario, que en mucho ha permanecido impune en el marco de la transición democrática mexicana. El caso de Pablo Salazar es diferente, pero con el denominador común de la soberbia y el desprecio por la endeble justicia mexicana. Se trata no sólo de la probable comisión del delito de peculado en el manejo de los recursos provenientes del gobierno federal, sino también del de asociación delictuosa. Más allá de lo que se pueda comprobar en este sentido, queda claro que su sucesor, Juan Sabines es el principal promotor de la denuncia en la medida en que Salazar siguió tratando de intervenir de una u otra forma en la política del estado, lo que llevó al gobernador a utilizar el arma del dinero desaparecido como forma de cobrar la afrenta.

En ambos casos se trata de un problema de abuso de poder y confianza en la impunidad. Hoy en el estado de Oaxaca se vive el mismo proceso frente al ex gobernador Ulises Ruiz y sus cómplices, que podría desembocar en un escenario similar al chiapaneco. La desaparición del presidencialismo absoluto no eliminó la corrupción, sino que únicamente la trasladó a los estados, en donde el poder real se asienta sin contrapeso alguno.

Analista político