Opinion

La determinación del estatus jurídico de una persona frente al Estado es una de las funciones más complicadas de las instituciones en un país. En su reciente —y lúcido— artículo en nuestro diario (19/4/11), el ministro José Ramón Cossío remarcaba las ventajas de la expedición de la ley reglamentaria del artículo 17 constitucional, que se refiere a las acciones colectivas, un avance muy importante aunque muy tardío, de nuestra legislación con repercusiones sociales y de cultura cívica de gran trascendencia. Como lo apunta el ministro Cossío, “la lógica de las acciones colectivas es muy distinta” a las normas jurídicas que “asignan derechos en lo individual, que deben hacerse exigibles en lo individual, y en lo individual deben protegerse”. Las acciones colectivas son una respuesta del Estado que “no puede esperar que acceda a la justicia sólo quien cuente con los medios para hacerlo”. Continúa diciendo: “posibilitar que quienes tengan derechos en común se agrupen para hacerlos valer de manera conjunta ante los tribunales es un modo de facilitar el acceso” a la justicia.

Desde hace años, la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por iniciativa del ministro Cossío, ha invitado a miembros de la comunidad científica y tecnológica a impartir pláticas y charlar con los ministros sobre variados temas, que crecientemente han aparecido en diversos asuntos sobre los cuales la Corte ha tenido que emitir juicios, tópicos en los que los ministros no tienen el grado de conocimientos o experiencias para normar sus criterios para llegar a sus decisiones. Todos los que participamos en esos ejercicios nos felicitamos de estas iniciativas, porque veíamos un sustancial avance en la modernización del sistema judicial y del genuino deseo de los miembros de la SCJN para hacerse de cada vez mejores elementos en su delicada tarea de jurisprudencia.

Como resultado de ello, el Colegio Nacional, en conjunto con la SCJN, han organizado una serie de simposios englobados en el tema Ciencia, Tecnología y Derecho, iniciados el 2 de mayo y hasta el 27 de junio, que han sido coordinados por Francisco Bolívar y José Ramón Cossío, en los que se han tratado o se tratarán temas tales como la bioética, el ambiente y la propiedad intelectual, entre otros.

El lunes pasado se trató el tema del ambiente, en el que participaron Julia Carabias, Jorge Soberón y quien esto escribe para cubrir los aspectos ambientales, y Jean Claude Tron Petit (magistrado) y Salvador Muñuzuri, presidente de CEJA, para cubrir los aspectos jurídicos. La temática fue muy rica en cuanto a las áreas que requieren de interacción entre la comunidad académica que genera información ambiental y quienes se encargan tanto de generar las leyes como de aplicarlas en sus juicios, identificando los aspectos que requieren de mayor especificación y claridad.

La nueva modalidad de las acciones colectivas ocupó un lugar preponderante en las presentaciones. Se hizo hincapié en el hecho de la capacidad institucional y de la comunidad científica para proveer información que sería muy útil en estos juicios, tanto para impedir el abuso de esta valiosa modalidad de acceso a la justicia, como para la aplicación objetiva de la tarea de jueces y magistrados en el desahogo de estos asuntos. Igualmente, se expresó la preocupación de que las reformas a los ordenamientos legales, ya aprobada por el Senado, estaba aún detenida en la Cámara de Diputados, y la necesidad de desahogarla cuanto antes, ya que es en extremo importante la promoción de este tipo de acciones como un avance de la mayor significancia en la democratización de los procesos jurídicos para beneficio de la sociedad en su conjunto. Esta es una responsabilidad que el Congreso debe a la sociedad mexicana. Ojalá y no se quede congelada.

Biólogo investigador de la UNAM