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José Antonio Crespo

¿“Quinazo”o “michoacanazo”?

Licenciatura en relaciones internacionales por El Colegio de México, Maestría en Sociología política y Doctorado en historia por la Univers ...

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    07 de junio de 2011

    Se habían difundido versiones de que Felipe Calderón emprendería una persecución legal sobre personajes importantes del priísmo como vía para recuperar algo de credibilidad y respaldo ciudadano con miras al 2012. Jorge Hank Rhon podría ser el primero de una lista más amplia de peces gordos de la corrupción y/o delincuencia organizada. ¿Cómo entender este movimiento? La versión oficial de los hechos destaca como un accidente la detención de Hank Rhon: una denuncia anónima habría avisado sobre personas armadas en las inmediaciones del Hotel Palacio, y las personas aprehendidas habrían confesado la presencia de armas en un domicilio que resultó casa de Hank Rhon. Es decir, sin la denuncia anónima no se habría detenido al mexiquense; absolutamente inverosímil. Se puede asumir, en cambio, que la detención estaba planeada y calculada, al igual que otras que pudieran venir más adelante.

    Ante esto, por un lado, cabría celebrar que, por fin, un gobierno del PAN se decide a realizar lo que el partido había prometido por sesenta años en la oposición: combatir de frente la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y poner límites a la impunidad. Todos esperábamos que Vicente Fox, con el respaldo popular y plena legitimidad democrática con que llegó al poder, sentaría algunos precedentes contundentes en este ámbito; recordemos los “lingotes de oro” de los peces gordos presos, frente a los “cacahuates“ de las reformas estructurales, de los que hablaba Francisco Barrio como Contralor. Fox optó por olvidarse de los lingotes de oro y privilegiar los cacahuates. Pero ni siquiera obtuvo éstos, pues no obtuvo el respaldo del PRI en el Congreso, pese habérsele extendido una carta de plena impunidad. En cambio, quiso presentar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como aplicación estricta de la ley, pero la gran mayoría lo vio como un uso faccioso de la justicia.

    Felipe Calderón, aunque en su campaña fue enfático en que llamaría a cuentas a los corruptos (y exigió la renuncia de Mario Marín al conocerse la grabación de sus atropellos), al llegar al poder olvidó todo ello. Y ante los corruptos del PAN (como Martha Sahagún y su familia), mejor ni hablar. Frente a la mermada legitimidad con la que asumió la Presidencia, en lugar de uno o varios quinazos, Felipe prefirió montar su estrategia bélica contra el narcotráfico (de lo que jamás habló en su campaña). Tanto Fox como Calderón calcularon que el costo político de llamar a cuentas a los grandes corruptos del PRI (o a algunos de ellos) era impagable; se necesitaba al PRI en el Congreso para las reformas estructurales. Y de llamar a cuentas a corruptos del PAN (como Martha Sahagún), ni hablar.

    Ahora las condiciones políticas son distintas: ya no se trata de legitimar un triunfo conseguido con calzador, ni de buscar el respaldo legislativo del PRI. Se trata ahora de mermar las intenciones de voto favorables al tricolor, e impedir su triunfo en 2012. De ahí que los priístas hablen de “terrorismo político”, es decir, del uso electoral de la justicia. ¿Es así? En efecto; no puede ser casualidad que ese instrumento se haya blandido poco antes de comicios contra el partido a vencer: contra el PRI en Jalisco, contra el PRD en Michoacán, y ahora otra vez contra el PRI. Y desde luego, no puede ser casualidad el origen mexiquense de Hank Rhon, justo antes de la elección en esa entidad y el efecto que pueda tener también sobre Enrique Peña Nieto (que aunque los niegue, ha mantenido vínculos estrechos con Hank).

    En principio, deberíamos celebrar cualquier acto de rendición de cuentas contra cualquier corrupto de cualquier partido, independientemente del propósito político que lo motive. Difícilmente hay rendición de cuentas en cualquier democracia sin intención política detrás, y no por ello deja de ser un precedente sano para combatir corrupción e impunidad. Pero falta por ver si los cargos contra Hank Rhon son jurídicamente sólidos, y si no termina siendo exonerado. Alega la defensa de Hank que no hubo orden judicial de cateo ni detención, y que las armas no autorizadas le fueron sembradas. Esto último no suena descabellado, si recordamos que a los investigadores del Tec de Monterrey, ya muertos, también se les sembraron armas para incriminarlos. Preocupa, eso sí, el uso del Ejército para propósitos político-electorales. Habrá que ver también qué tanto efecto tiene esta detención (y quizá otras) sobre las intenciones electorales de los votantes. Y si todo queda en otro michoacanazo, el golpe político se convertirá en boomerang.

    [email protected]

    Investigador del CIDE



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