Opinion

Este domingo, en el Zócalo de la ciudad de México, cerca de la una de la tarde, el juez Emilio Álvarez de Icaza condenó a Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a Daniel Karam, su actual director, a no sé cuantos años de trabajo comunitario por su responsabilidad en la muerte de 49 niños a consecuencia del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, hace casi dos años.

Algunos de los asistentes a ese juicio, que sucedió en un templete frente al Palacio Nacional y a un costado de la Suprema Corte de Justicia, gritaron “¡Cárcel! ¡Cárcel!” , cuando se mencionó el nombre de esos dos funcionarios. Sin embargo, la mayor parte del público asistente guardó más bien un silencio respetuoso y solmene.

Levantada la sesión, la fauna del Zócalo irrumpió de nuevo. Alguien repartía el periódico La neta del Partido del Trabajo (PT), miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que allí acampan, volanteaban; mientras, una señora radical se fue atrás del templete a cuestionar a Javier Sicilia, testigo de calidad del juicio ciudadano, y lo acusó de solapar a la jerarquía católica (sí, de solaparla), y también un señor alto comenzó a vociferar: ¡que no los engañen! ¡El juicio no sirve de nada!

Y en efecto: ¿para qué sirvió?

“Es un reproche moral”, dijo Daniel Gersehenson, uno de los organizadores, mejor conocido en las redes sociales como @alconsumidor.

Estos juicios tienen como antecedente el que hizo en Monterrey la asociación civil Evolución Ciudadana contra el ex gobernador Natividad González Parás. Luego del incendio, los de Evolución se acercaron con los papás para explicarles cómo hacer este ejercicio y ellos lo adoptaron.

Hubo dos juicios previos al de este domingo. Los dos en Hermosillo.

El primero, el 5 de marzo de 2010 en la plaza Emiliana Zubeldía frente al museo de la universidad, y el segundo, unos meses después en la plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno que ya ocupaba el actual gobernador Guillermo Padrés, que prometió hacer justicia y luego se hizo rosca.

Ambos juicios atrajeron a cientos de personas y fueron sumamente emocionales, principalmente por la presencia de los familiares de los niños muertos.

En el del domingo pasado hubo menos personas, pero tuvo un significado especial para los padres.

“Aquí no hubieron las multitudes de una marcha, pero sentimos que no estamos solos”, dijo José Francisco García, padre de Andrés Alonso García Duarte, que ha estado al frente del movimiento 5 de julio.

La sesión estaba convocada para las 11:30 horas. La fiscal fue María González Contró, una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, especialista en derecho de los niños. Ante la ausencia obvia de algún representante del IMSS o de cualquier instancia del gobierno federal o el de Sonora, estaba un abogado defensor de oficio, Daniel Márquez, especialista en derecho constitucional.

Había un jurado compuesto por algunos notables miembros de la sociedad civil, como Rogelio Gómez Hermosillo de Alianza Cívica o Carlos Alberto Cruz de Cauce Ciudadano, y un grupo de testigos de calidad, entre los que estaban Eduardo Gallo, Javier Sicilia, Denise Dresser y Sabina Berman. Estaban también presentes algunos padres que perdieron a sus hijos en la guardería.

En el público andábamos, como ya dije, los del SME, los del PT, unas señoras distraídas que pensaban que eso era una Asamblea Informativa de López Obrador, y un grupo nutrido de gente interesada en el caso, que piensa que la justicia en el asunto de la guardería no ha sido satisfecha.

Pero ¿de qué sirvió?

“Sirvió en parte para que los padres se regresaran a Hermosillo más satisfechos porque se dieron cuenta que el tema sigue en el candelero, por el interés de los medios y el respeto de la gente que estuvo en el Zócalo”, dijo Gershenson