Opinion

Al igual que su antecesor, el presidente Calderón acude a un foro empresarial extranjero para anunciar que intentará, de nuevo, privatizar Pemex y que en septiembre próximo enviará una segunda iniciativa de reforma energética, ya que la de 2008 es incompleta porque encontró oposición en el Congreso y en un fuerte movimiento popular.

Ahora espera contar con una “percepción” social propicia para que Pemex siga el modelo de Petrobras o de la empresa noruega Statoil y formalice joint ventures con compañías trasnacionales. Asimismo, se felicita porque la Suprema Corte de Justicia haya declarado constitucionales los contratos integrales o incentivados, que se experimentarán en los campos maduros del sureste.

Hace algunas semanas, senadores panistas adelantaron una iniciativa para modificar el artículo 28 constitucional a fin de dejar al Estado únicamente la exploración y la producción de petróleo crudo y permitir a los particulares realizar todas las demás actividades que hoy detenta en exclusiva Pemex: refinación, petroquímica básica, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados. ¿Qué otras modificaciones constitucionales piensa proponer el Ejecutivo federal?

Por lo demás, no son válidas las comparaciones presidenciales. Ni Brasil ni Noruega tienen una historia de intervenciones y rapiña como las de México y su petróleo, que son la raíz de la “percepción” nacionalista de la mayoría del pueblo mexicano.

Brasil desarrolló una importante industria de biocombustibles y se inició en la exploración y desarrollo de yacimientos marinos porque durante muchos años fue importador neto de hidrocarburos. Ahora, con la creación por el ex presidente Lula de la empresa Petrosalt, se reservaron para el Estado los ricos yacimientos marinos recién descubiertos frente a las costas de Sao Paulo y cancelaron las concesiones otorgadas a particulares.

Noruega, por su parte, no contaba con experiencia ni con una industria petrolera para explotar los yacimientos del mar del Norte, por lo que durante casi un lustro se preparó para regular, controlar y desarrollar la explotación marina, y crear un mecanismo que esterilizara los excedentes petroleros y un fondo para cuando se agotaran los hidrocarburos, lo que ya le está sucediendo.

Ambos países desarrollaron industrias proveedoras de partes y equipos, de los que hoy son importantes exportadores, y alentaron a las firmas de ingeniería nacionales. El gobierno brasileño hizo convenios con universidades y centros de investigación para preparar técnicos y profesionistas, descentralizar y agilizar la investigación y desarrollo tecnológicos. Además, el régimen fiscal de las empresas petroleras de ambos no es confiscatorio como el nuestro.

El PAN ha expoliado fiscalmente a Pemex, desperdiciado los excedentes petroleros, desmantelado metódicamente su planta técnica y liquidado las firmas nacionales de ingeniería; no se han desarrollado industrias proveedoras de partes y menos aún de equipos, se ha frenado la investigación y el desarrollo tecnológico y desalentado la formación de técnicos y profesionistas. En estas condiciones, ¿qué podría aportar Pemex a las joint ventures aparte del crudo, la tramitación de contratos y el pago de facturas?

En lo referente a los contratos integrales o incentivados, efectivamente la Corte los declaró constitucionales, pero en el engrose de la sentencia los ministros establecieron una serie de requisitos que debe observar el Consejo de Administración para autorizarlos, a fin de que se respete el espíritu del artículo 27 constitucional sobre la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos.

Los contratos integrales para campos maduros del sureste contienen cláusulas que a juicio de la Cámara de Diputados son anticonstitucionales y violan lo establecido por la propia Corte. Por eso se interpuso otra controversia constitucional, que fue rechazada por el ministro instructor alegando que la Cámara no tiene interés legítimo por ser actos particulares. La Cámara estima que Pemex no es una empresa privada ni el petróleo una mercancía cualquiera, por lo que interpuso un recurso de reclamación que fue aceptado para trámite el pasado 4 de mayo.

Todo lo anterior augura una nueva lucha por defender el patrimonio nacional, que exigirá unir fuerzas frente a los afanes privatizadores panistas. Una vez más la población tendrá que dar la batalla y la Cámara de Diputados cumplir con su deber de custodiar los intereses de la nación.

Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados